El PSOE no logra que el pleno rechace la eliminación de la tarjeta sanitaria

Al mismo tiempo, también pedía al Ayuntamiento que inste al Gobierno a que se garantice la cobertura sanitaria a los emigrantes españoles desempleados que pasen más de 90 días fuera del territorio nacional.

La concejal señalaba en su moción que el 1 de enero de 2014, y "gracias a dos enmiendas de última hora que el PP introdujo en la tramitación de los Presupuestos Generales para 2014, entró en vigor una medida consistente en que un ciudadano español podrá quedarse sin derecho a atención sanitaria si es parado de larga duración, ha agotado el subsidio de desempleo u otras prestaciones similares y pasa más de tres meses fuera de España en un año".

Esta medida, dice Blanca Fernández, se concretó en la incorporación de una disposición adicional al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, publicada en el BOE el pasado 26 de diciembre que especifica la "pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social" y que para poder mantener "el derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español" el beneficiario no podrá superar los 90 días de estancia en el extranjero a lo largo de cada año natural.

Asimismo, recordaba que también se ha modificado la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la definición de asegurado: "Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España". Es decir, A estos efectos, la ley considerará que ya no residen en España aquellas personas que pasen más de 90 días fuera del país en un año natural.

De esta forma, el decreto 16/2012 eliminó el derecho a la atención sanitaria universal e instauró los repagos sanitarios en España, y "se está comprobando que cada vez hay más sectores excluidos del acceso a la salud, imponiendo además cada día más trabas para disuadir de optar al derecho a la asistencia sanitaria", asegura la edil, y añade que "con el pretexto de la austeridad y el ahorro, se está cambiando el modelo sanitario español".

Desde el Partido Popular se insiste en que la tarjeta se podrá recuperar casi de forma automática al volver a España, puesto que únicamente habrá que certificar la residencia, sin embargo, asegura Fernández, "esto no es cierto, puesto que no se recupera este derecho automáticamente sino que se tarda un tiempo, ya que cuando se vuelve a España es preciso iniciar un proceso en el que hay que acreditar que se tiene derecho a ella y en el que no se estaría cubierto ante cualquier incidencia o enfermedad. En este sentido, la actitud restrictiva del gobierno con respecto al acceso a la sanidad dificulta los trámites".

Además, manifiesta la edil, "se trata de una medida que también afecta a los cónyuges e hijos de las personas en esta situación, que no son titulares de derecho, sino únicamente beneficiarios, por lo que se les deja en una situación de falta de protección total, tanto al titular como a aquellas personas que se queden, pero dependen de la tarjeta sanitaria de ese titular".

En opinión de Blanca Fernández, todo esto "evidencia el fracaso de las políticas sanitarias de la Ana Mato y Mariano Rajoy, que han impuesto a la ciudadanía recortes de derechos que a la larga se han probado más costosos que la austeridad que predicaban, como la retirada de algunos repagos o mientras se abandona la política de control del gasto farmacéutico y no se aplica el sistema de precios de referencia, evitando un ahorro al sistema sanitario de unos 450 millones de euros", y añade que "está claro que el PP pretende acabar con el modelo actual de sanidad pública y de calidad para todos los ciudadanos".