Leschiera recuerda en la moción que la actual ley de 2010 “recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos”.
Este texto, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres, “fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad”, recordó la edil.
Ahora, “el Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias”, manifiesta Leschiera en su moción.
El 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido “ha confirmado, y tristemente superado, las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres”, señaló.
La concejal asegura que con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y "grave peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.
Esta normativa, recuerda Leschiera, ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.
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