En concreto, la demanda se presentó contra
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se desestimaron las alegaciones que presentaron los socialistas al expediente del proyecto denominado “Ampliación de los servicios públicos de las delegaciones de Urbanismo, Industria y Vía Pública de Marbella”.
La portavoz, junto al también concejal socialista Adrián Jiménez, ha recordado que, ya en su momento, anunciaron que, tras realizar el estudio jurídico, acudirían a los tribunales, algo que han hecho con este primer resultado de la admisión a trámite.
Isabel Pérez considera que el expediente “enmascara” la adquisición vía expropiación de las plantas del edificio situado en la calle Alonso de Bazán que no son de titularidad municipal y que pertenecen a la
mercantil “Nuevos Aires 2002 SL”, que está vinculada al prófugo condenado en Malaya, Juan Hoffmann, al alcalde de Estepona del PP, José María García Urbano, y a un conocido constructor “de cabecera de Ángeles Muñoz”.
El expediente administrativo, que fue aprobado en Junta de Gobierno y sometido a exposición pública durante 20 días, “realmente esconde” una declaración de utilidad pública, la afectación del edificio como equipamiento institucional y
una expropiación para adquirirlo con cargo a “las arcas municipales, mientras la alcaldesa no para de pedir préstamos y de generar una deuda financiera insostenible en el Ayuntamiento”.
El precio final que se ha fijado para la adquisición es de
5,1 millones de euros, según explicó recientemente el portavoz municipal, Félix Romero, ya que no se compra el edificio completo, sino que se han dejado fuera diez plazas de aparcamiento y un local en la planta baja.
Es una “gran cantidad de dinero” que la señora Muñoz va a entregar “a
su compañero del PP en Estepona para hacerle un favor, porque ninguna otra rentabilidad puede sacar al inmueble”, que la regidora ya intentó comprar también en 2018.
La concejala socialista ha recordado que es un edificio que
se construyó ilegalmente, con “fines especulativos”, que posteriormente se regularizó con el anulado PGOU de 2010 y se declaró la inejecución de la sentencia que ordenaba su demolición.
“Ángeles Muñoz quiere despilfarrar una cantidad de dinero con la que se podrían hacer muchos proyectos realmente necesarios en el municipio”, ha detallado Isabel Pérez, o también se podría utilizar ese dinero para “no tener que hacer las
brutales subidas de impuestos que impone a los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara por su nefasta gestión”.
Desde el PSOE, han advertido que, una vez admitido a trámite su recurso, si el equipo de gobierno decide continuar con la expropiación podría incurrir, si hubiera un eventual fallo estimatorio, en una “responsabilidad patrimonial”, por lo que consideran que lo “más cauto” sería que suspendieran el expediente hasta el pronunciamiento de los tribunales.
Por último, Isabel Pérez ha querido dejar claro que “no vamos a permitir que la señora Muñoz siga haciendo políticas para
satisfacer los intereses privados a costa del dinero de los impuestos, cada vez más altos, que pagan los vecinos del municipio” y, menos aún, cuando la situación económica del Ayuntamiento “es de bancarrota con una deuda desbordada”.
“Es un auténtico despropósito y vamos a utilizar todos los instrumentos que nos permite el estado de derecho para evitar que hagan negocio con dinero público con un prófugo de Malaya y un compañero de partido de la alcaldesa”, ha concluido.
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