El Gobierno andaluz ha puesto en marcha este curso la beca Adriano, de 1.500 euros, destinada a los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional que hayan aprobado pero no tengan los requisitos académicos exigidos por el Ministerio de Educación para cobrar las ayudas.
El también portavoz de Cultura y Educación en el Parlamento andaluz ha señalado que la puesta en marcha de esta ayuda por parte de la Consejería “demuestra el interés del gobierno andaluz por la formación de nuestros jóvenes, y sobre todo, por el acceso en igualdad a la educación”.
Bernal recordó además que en los últimos años unos 100 alumnos de Marbella y San Pedro, matriculados en la UMA, se han visto obligados a dejar sus estudios, mientras en nuestro municipio “la alcaldesa malvende suelo público para poner en marcha universidades privadas, que no son accesibles para todos”.
El parlamentario andaluz ha señalado que el PSOE de Marbella ya ha solicitado que los fondos recibidos con la concesión del terreno público para centros de formación privada, se destinase a ayudar a los alumnos de nuestra ciudad con más dificultades. “Sin embargo, una vez más la alcaldesa se ha negado a poner en marcha este proyecto, demostrando así cuáles son sus prioridades”, declaró.
Al mismo tiempo, los socialistas de Marbella también presentaron una moción, rechazada por el Partido Popular, en la que instaban a Rajoy a dar marcha atrás en las medidas aplicadas actualmente para la concesión de becas de estudios postobligatorios de Bachillerato o ciclos formativos. Los alumnos que han dejado de percibir estas ayudas en Marbella y San Pedro, han sido 200.
El secretario general del PSOE de Marbella, ha recordado que la educación es un derecho que “está recogido en el artículo 27 de la Constitución Española”, y que, según estipula, tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Además, también se reconoce la obligación de los poderes públicos de garantizar y facilitar este derecho.
El Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, y el Real Decreto 1000/2012 de 29 de junio, aprobados por el Gobierno de Rajoy, están encaminados “a recortar gastos en lo que, a nuestro entender, es una inversión de progreso para el futuro”.
Bernal señaló que el Ayuntamiento de Marbella debe, en la medida de sus posibilidades, como la administración más cercana a los ciudadanos, “establecer cuantas medidas sean oportunas para garantizar y promover el acceso de todos a la educación, sea esta obligatoria o no”.
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