Esta causa, que señala directamente a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ya que fue la persona que firmó los contratos de este personal de alta dirección, amenaza con convertirse en un quebradero de cabeza para el PP ante la próximas elecciones.
Eso sí, la instrucción avanza muy lentamente, en el mismo juzgado que lleva también la investigación del llamado caso PGOU, en el que fue denunciada la regidora.
En cuanto al llamado caso de los cargos de confianza, hay que recordar que fue el anterior equipo de gobierno tripartito (PSOE, IU y OSP) el que puso la documentación en manos de la justicia a primeros de 2017.
En abril, el Juzgado de Instrucción número 3 abrió diligencias y requirió incluso un informe económico al Ayuntamiento para conocer el posible daño a las arcas municipales, información que
se entregó ya el verano pasado y que hablaba de más de 300.000 euros.
Personación y declaraciones
No había vuelto a haber noticias, hasta que esta mañana, el concejal socialista José Bernal ha aportado nuevos datos. Por un lado, se ha admitido la personación del PSOE como acusación popular.
Por otro, se cita a declarar para el mes de septiembre a 10 de las 12 personas que fueron contratadas como alta dirección durante los dos mandatos anteriores de Ángeles Muñoz, entre los años 2007 y 2015.
La importancia de que el PSOE se haya podido personar en la causa es que la primera denuncia la hizo el Ayuntamiento tripartito y señalaba a la entonces concejala del PP, que ahora ha vuelto a ser alcaldesa y podrían existir dudas sobre que el proceso siguiera adelante.
“El cerco contra Ángeles Muñoz se estrecha”, ha señalado Bernal, quien ha explicado que la representación del PSOE la asumirá el abogado José Mariano Benítez de Lugo, que fue quien logró que Mariano Rajoy tuviera que declarar en el juicio del caso Gürtel.
“Entendemos que en estas contrataciones existe un claro de enchufismo, al no haberse producido ningún proceso selectivo y además haberse encadenado sucesivas prórrogas en fraude de ley”, añadió el edil socialista.
“Tenemos más que claro que la presunta autora de los hechos es la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz. Así lo confirman los contratos firmados y las declaraciones de trabajadores en los juzgados de lo social”, ha dicho.
Además, ha exigido a la alcaldesa una vez más que “dé la cara ante los tribunales y que no se parapete en su condición de aforada”.
El caso estalló en 2015
Todo este asunto estalló nada más producirse el cambio de gobierno en el Consistorio, allá por el
mes de julio de 2015. Este personal de alta dirección finalizó sus contratos pero acudió a los tribunales para intentar quedarse de por vida en la institución.
El tripartito ya anunció que iba a pedir responsabilidades y, una vez concluidos los procesos en los juzgados de lo Social, hubo ocho readmisiones como personal laboral indefinido, dos más llegaron a acuerdos y los otros dos recibieron indemnización.
En
enero de 2017, el equipo de gobierno anunció que había elaborado un completo informe que iba a poner en manos de la Fiscalía.
Y es que, durante los distintos juicios en materia laboral, se descubrieron aspectos que pueden hacer pensar que estaríamos ante casos de enchufismo ya que estas personas habrían sido contratadas en el Ayuntamiento sin el necesario proceso de selección.
En el informe municipal se hablaba de hasta
cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, administración desleal y negociaciones prohibidas a los funcionarios público, como avanzó en su día
Marbella24horas.
Tras la denuncia de la Fiscalía, el juez apreció solo dos, aunque los más importantes,
prevaricación y malversación de caudales públicos.
Se da la circunstancia de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella investiga de forma paralela el llamado caso PGOU, en el que está implicada Ángeles Muñoz.
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