Bernal ha declarado que en el pliego de condiciones para la adjudicación del concurso, en la cláusula 12, se dice que uno de los requisitos para la adjudicación es “estar en posesión de cuantos permisos, licencias o autorizaciones sean necesarios para la actividad que se realice. En este caso, el portavoz declaró que “hemos conocido a través de los medios de comunicación que esta sociedad carece de los permisos, sin los cuales, no podría haber accedido a la licitación”.
Por otra parte, Bernal ha señalado que el concurso se adjudicó en una Junta de Gobierno Local, extraordinaria y urgente, celebrada el día 21 de febrero de 2013, concretamente un jueves; mientras que tal y como figura en la información de la empresa adjudicataria, esta quedó finalmente constituida el 4 de enero de 2013, es decir “semanas antes de que se otorgase un concurso de estas características”.
El portavoz socialista señaló que, hasta el momento, lo que se sabía de esta sociedad es que se trataba de un grupo inversor suizo, sin ningún tipo de vínculo con el mundo educativo. El objeto social de esta nueva empresa son “las actividades de formación educativa a nivel básico y universitario. La promoción, construcción, compra-venta, arrendamientos de terrenos, solares y edificaciones de cualquier clase, tanto de forma directa como indirecta a través de terceros”.
“Nos llama poderosamente la atención que la única empresa que se presente a este concurso se constituyese días antes de la adjudicación definitiva y que su objeto social está más bien vinculado al mundo de las promociones inmobiliarias que al ámbito educativo”, manifestó Bernal.
Por otra parte, otro de los asuntos que se están estudiando para la elaboración de la denuncia, parte de la propia Junta de Gobierno Local en la que se adjudicó el concurso, y es que entre los reparos que cita el interventor figura uno en el que exige que se presente un informe técnico-económico, en el que se ponga de manifiesto el valor del mercado.
Además, en dicho informe, el interventor exige conocer por qué para el abono del canon se utiliza un porcentaje del 1,5 por ciento del valor total del inmueble. Bernal recordó que por regla general el porcentaje que se utiliza es del 6 por ciento.
En este sentido, el portavoz recordó que la empresa pagará al Ayuntamiento de Marbella 55.000 euros anuales por más de 10.000 metros cuadrados “en una de las zonas más privilegiadas de nuestra ciudad”, lo que si lo trasladamos a un alquiler convencional, se trata de “unas condiciones más que ventajosas para los adjudicatarios”.
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