En la reunión han estado presentes, entre otros Soledad Pérez, portavoz socialista de Bienestar Social en el Parlamento Andaluz, Francisco Conejo, secretario de Política Municipal del PSOE-A, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y José Bernal, parlamentario y portavoz en el Ayuntamiento de Marbella.
Bernal ha explicado que, por lo que se refiere al municipio marbellí, que la reforma local supone un recorte en servicios sociales de 5 millones de euros, que afectará a 5.000 usuarios y amenaza a 200 puestos de trabajo.
En cuantos a los servicios que peligran, Bernal citó “la ayuda a domicilio, con más de 361 beneficiarios y los centros de Marbella Solidaria con más de 650 pacientes, además de los centros de mayores”.
Para Bernal las consecuencias que esto supondrá será “el abandono de las personas y familias más afectadas por la crisis, en unos momentos de auténtica emergencia ciudadana y la amenaza de ruptura de la cohesión social, ya que los servicios sociales se han mostrado especialmente eficaces para evitar que muchas personas den el dramático paso de la pobreza a la exclusión social”.
Por su parte, Soledad Pérez, dijo que "este es el modelo del PP-A" y aclaró que no solo se van a hacer recortes, sino que "se van a eliminar estos servicios". Dijo que 97.642 familias en Andalucía dejarán de recibir apoyo, al igual que los 96.913 que ahora reciben ayuda a domicilio.
“La principal amenaza de pérdida de puestos de trabajo está sobre las auxiliares de hogar del servicio de ayuda a domicilio que, junto con los servicios de apoyo a la familia que financia el Plan Concertado, ascienden en Andalucía a 23.599 trabajadores”, ha señalado.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha declarado que esta reforma local pone en riesgo la atención a siete millones de personas dentro de toda España, y que estas medidas supondrán una “involución hacia la antigua beneficencia, se deja en manos de la sociedad civil”. Además, expicó que las medidas afectarán especialmente al medio rural.
Por todo ello, Francisco Conejo, ha anunciado que el partido presentará en septiembre una enmienda a la totalidad de la reforma local y que estudia interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional “cuando esto proceda”.
Conejo ha manifestado que esta reforma supone, en relación a los servicios sociales, “el desmantelamiento de los servicios públicos, el despido masivo de trabajadores y la privatización de servicios”.
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