Ricardo López ha facilitado a los medios de comunicación el decreto de Alcaldía que recoge los pagos de 16.931,76 euros al abogado Santiago Jiménez Hernández y de 108.645,64 a favor del bufete Gaona Abogados. Este documento, además, cuenta con el informe del interventor en el que se dice que estas cantidades "no se corresponden con gastos debidamente autorizados y dispuestos".
Pese a ello, con la firma de la alcaldesa, se ordena el pago. "Volvemos a la política del ordeno y mando", señaló López, quien consideró que este tipo de prácticas eran propias de la "época gilista" cuando se "pagaban facturas si nque tuvieran los informes favorables".
El concejal denunció que los 125.000 euros "salen de los bolsillos de todos los ciudadanos" y criticó que "nos dicen que no hay dinero, pero para esto sí". Ricardo López fue claro al señalar que "no se puede ir contra los informes del interventor" y exigió al Ayuntamiento "transparencia para no repetir épocas pasadas".
El político socialista recordó que el Ayuntamiento contaba desde 2008 con un servicio jurídico externo, contratado a través de la UTE Gaona Abogados y Peláez y Camas Abogados, además de Jiménez y Davó Abogados.
"Es evidente que Ángeles Muñoz no se fiaba de los trabajadores del Ayuntamiento, donde hay personal altamente cualificado que podía realizar este trabajo", explicó López, y añadió que, en los cuatro años que ha durado el contrato, tras sucesivas prórrogas, se han gastado "más de 1,3 millones de euros".
El concejal también denunció que la prestación de estos servicios concluyó en agosto de 2012, pese a lo cual "se ha seguido pagando los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, aunque ya no había contrato", periodo la que pertenece la cantidad de 125.000 euros.
En una administración pública “no se puede prorrogar un contrato de forma tácita, ni se pueden pagar estas cantidades por una prestación de servicios que puede ser cubierta perfectamente por la plantilla municipal", concluyó.
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