Se trata de una iniciativa que arrancó a finales de 2018, con el entonces gobierno bipartito (PP-OSP), y que finalmente, tras los trámites administrativos, se puso en marcha el pasado mes de junio.
Desde entonces, la empresa
Grupo de Auditores Públicos S.A.P., que ha sido la adjudicataria de este servicio, está trabajando para realizar tres tipos de auditorías distintas, según la información a la que ha tenido acceso
Marbella24horas.
Por un lado, se van a estudiar las cuentas de las
sociedades municipales, tanto las tres que están en activo (RTV Marbella, Palacio de Congresos y Puerto Deportivo), como la que está en liquidación (Transportes Locales 2000).
En todas ellas, se va a hacer una auditoría de las cuentas de los dos últimos ejercicios (2017 y 2018), otra de cumplimiento y una tercera operativa y de gestión.
Por otro lado, esta misma empresa auditará las
subvenciones que se entregaron en el año
2016, un ejercicio que corresponde al tripartito (PSOE-IU-OSP).
Llama la atención que OSP formara en su día parte del gobierno que repartió ese dinero y después del que quiere investigar si se hizo de forma correcta.
Se quieren vigilar aspectos como "el cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención", según consta en el pliego de condiciones que debe cumplir la empresa.
También se revisará, entre otros aspectos, "la adecuada y correcta justificación de la subvención por parte del beneficiario".
La auditoria analizará ayudas que se dieron ese año en Deportes, Derechos Sociales, Enseñanza y Cultura, Turismo, Sostenibilidad, Limpieza y Comercio.
Y, por último, el Ayuntamiento plantea una tercera auditoria sobre el
control financiero del área de Personal del Ayuntamiento durante el año 2017.
Aquí se quiere analizar, entre otros aspectos, los "convenios y acuerdos que regulan los aspectos relacionados con el personal para verificar que los conceptos se ajustan a la legalidad".
Se verificará también la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la plantilla de personal y la oferta pública de empleo.
Además, por ejemplo, se estudiará si el cobro de las
ayudas sociales e incentivos está "debidamente justificado" y cumple la ley.
En definitiva, una amplia auditoría externa, que se ha contratado por casi 230.000 euros, y que se inició a finales del pasado mes de junio de 2019.
La empresa tenía tres meses para realizar estos análisis y concluir, por tanto, a finales de septiembre, pero ha solicitado una prórroga para entregar sus resultados el 12 de noviembre.
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