El PP sostiene ahora que las multas prescribieron porque tenían defectos

El pasado 15 de octubre el tripartito informó de estas situación que habían detectado y seis días después la respuesta del PP fue negarlo. 

El alcalde, José Bernal, ha señalado en reiteradas ocasiones que van a poner toda la documentación que tienen en manos de la Fiscalía, algo que aún no han hecho durante este más de medio año. 

"Todo es rotundamente falso, es otra de las falsedades del actual equipo de gobierno, no es cierto lo que están contando", dijo el edil Cristóbal Garre, en una de las respuetas que ha dado el PP durante este tiempo. 

Pues bien, esta mañana parece que no todo era falso, y la concejala Francisca Caracuel ha reconocido que había expedientes sancionadores prescritos, aunque, eso sí, ha dicho que "acumulaban numerosos defectos de forma que hacía imposible que prosperaran y que, además, se trataba de actuaciones legalizables con el PGOU de 2010".

Y ha ido más allá. "Estas circunstancias eran conocidas por los actuales responsables municipales, pero omitidas intencionadamente para tratar de empañar la imagen del ejecutivo anterior, que es la tarea en la que trabajan con autentico interés y dedicación".

Se ha referido a uno de los expedientes de mayor cuantía, el edificio Monte Azul, localizado en la zona norte de Las Albarizas, y que "pese a que afectaba a unos 200 comuneros, solo fue notificado a uno de ellos, lo que invalidaba completamente la actuación, toda vez que el procedimiento estaba perdido de antemano".

En el caso de Monte Azul, como en los demás, "se legalizaba por el PGOU de 2010, pero ahora no existe este plan", ha explicado la concejal quien ha preguntado al tripartito si tiene intención de anular dicha licencia, una cuestión que "deben responder a la máxima brevedad para que los vecinos tengan conocimiento de la situación actual".

La representante del PP ha dicho que el asunto de las prescripciones "se desmonta como ya hicimos con el superávit, negado por el tripartito y que finalmente demostró con su aprobación por el pleno municipal, o la presunta falsificación del PGOU, que el acta del pleno desveló que los cambios los remitió el equipo redactor".

Caracuel ha calificado de "inaceptable" que los actuales gobernantes cuestionen el trabajo que hizo la asesoría jurídica durante los ochos años del PP, cuando se "partió de cero para pasar del caos a la legalidad".

Durante ese tiempo, bajo la "magnífica dirección de Enrique Sánchez, la asesoría jurídica tuvo que sacar adelante más de 1.000 contenciosos administrativos, alrededor de 200 penales, cuarenta procedimientos del Tribunal de Cuentas, además de los laborales y civiles, y cuyo balance se cifra en condenas a favor del ayuntamiento por importe de 240 millones de euros".

La edil popular ha lamentado las maneras del equipo de gobierno, "instalado en la mentira, la calumnia y el desprecio absoluto a la verdad, que no gobierna, no gestiona, no resuelve el día a día de los vecinos, y que solo sabe de insidias y falsedades para justificar su absoluta incompetencia al frente de la ciudad".

Respuesta del equipo de gobierno

La concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, ha asegurado que “el Partido Popular no puede justificar que no se firmara un decreto de multas para dejar prescribir un expediente sancionador porque es un hecho que está fuera del marco legal”.

Pérez ha afirmado que “si el anterior Ejecutivo local vio defectos en los expedientes debió resolverlos” y ha señalado que “el PP pone en duda el trabajo de los empleados municipales, que son los que realizan los expedientes sancionadores y de infracciones, y se salta de paso todo el procedimiento administrativo”.

La concejala ha precisado que los documentos prescritos se aportaron en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de octubre y ha señalado que “la concejala María Francisca Caracuel sabrá interpretar los hechos para ver el alcance jurídico que tienen y no debe tomárselos a la ligera”.

“Por mucho que el PP se empeñe, no tiene forma de desmontar esta circunstancia”, ha indicado Pérez, quien también insta al anterior Equipo de Gobierno “a explicar el criterio que empleaban para decidir qué expedientes sancionadores empezaban y cuáles no”.