El PP insiste en su acoso al tripartito y extiende dudas sobre el Secretario

Esta vez ha sido el concejal Félix Romero el que ha continuado en esta línea, además en tono amenzante y bravucón. Hoy tocaba informar de que el PP va a presentar por registro de entrada un escrito que solicita diversos informes de legalidad al Secretario sobre cinco expedientes municipales.

Esta es la línea de oposición que han emprendido los populares, con constantes peticiones de este tipo que obligan a poner a trabajadores municipales a realizar esos escritos en lugar de estas resolviendo los asuntos de los ciudadanos. En este caso acuden al habilitado nacional, cuyo trabajo ponen en duda. 

Fuentes consultadas por este digital advierte de una clara estrategia, más allá de la legítima labor de control, para intentar ralentizar la acción del equipo de gobierno, además de una campaña mediática para generar sombras sobre el tripartito.

Romero ha repetido los argumentos de los últimos días. Según ha dicho, ha sido "numerosas las ocasiones en las que el PP ha solicitado información al tripartito sobre estos asuntos, que por supuesto no han respondido".

Es la enésima vez que en las últimas semanas se produce una denuncia similar. Según Romero, la "oposición tiene la obligación y el derecho de solicitar esa información, así como los fundamentos jurídicos en los que se sustentan los acuerdos municipales". No parece que fuera igual cuando ellos gobernaban. 

El también parlamentario ha explicado que la posibilidad de pedir informe de legalidad al Secretario sobre asuntos que el PP llevará a pleno, viene amparado tanto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las corporaciones locales, en el texto refundido de la Ley de Régimen Local y en el Reglamento Orgánico de Pleno y Comisión.

Informes

Romero ha explicado que uno de los análisis de legalidad que se pide al Secretario se basa en el hecho de que el pleno de junio de 2015 aprobó un punto sobre la estructura organizativa del Ayuntamiento, que establecía cinco áreas de gobierno de servicios descentralizados, lo que choca con el reglamento que aún está en vigor, porque no ha sido derogado, sobre organización y funcionamiento de los distritos, en el que se establece la creación de nueve de ellos.

Otro de los asuntos sobre los que se reclama informe de legalidad gira en torno a las funciones y tareas del personal eventual del Ayuntamiento, toda vez que "se tiene constancia de que estos asesores están desempeñando tareas que exceden de sus competencias, lo que hace necesario acotar y definir minuciosamente las funciones propias de los mismos".

Otro de los informes requeridos se refiere al proceso de nombramiento de cuatro trabajadores municipales como responsables o coordinadores de otras tantas áreas, sin que se conozca el proceso selectivo que han realizado para acceder a tales cargos y sin que se haya podido verificar si se han respetado los principios de igualdad, capacidad, libre concurrencia y mérito.

También han solicitado un informe para fiscalizar la legalidad del procedimiento de restructuración de personal del departamento de Urbanismo y sobre el procedimiento administrativo utilizado para la ampliación en cuatro días de la Feria y Fiestas de San Pedro del año anterior.

Romero ha insistido en que se trata de "un derecho de la oposición, de los concejales, y mucho más si cabe cuando la fuerza política que lo pide tiene casi la mitad de los ediles de la corporación municipal", por lo que, según ha amenazado, "cualquier cortapisa por parte del equipo de gobierno que vulnere nuestro derecho, tendrá la consiguiente respuesta judicial".

Respuesta del gobierno

El portavoz municipal, Javier Porcuna, ha mostrado la satisfacción del equipo de gobierno “de que por fin el PP haya recapacitado y, en lugar de poner en duda permanentemente la capacidad del Secretario y el resto de habilitados nacionales, ahora solicite su tutela, de la que entendemos están muy necesitados”.

Además, Porcuna ha asegurado que “continuando con esta ofensiva contra todo lo que se mueve en el Ayuntamiento de Marbella, plantean la solicitud de informes al Secretario a propósito de varios temas, al parecer dudando de que los mismos habilitados nacionales a los que consultan hayan comprobado y verificado que se han seguido los procedimientos oportunos”.

Por ello, el portavoz lamenta que desde el PP “parecen olvidar a ratos que la estructura existente durante su gestión, plagada de cargos de confianza que suplantaban las funciones de secretarios e interventores, fue rápidamente descartada por este equipo de Ggobierno precisamente para que los habilitados recuperasen las funciones que la ley les encomienda".