El PP exige la residencia para mayores que no hizo en ocho años

Ya en el mes de julio, sin dejar pasar ni siquiera un mes desde la toma de posesión de José Bernal como alcalde, el que fuera concejal de Bienestar Social, Manuel Cardeña, pidió la residencia y criticó que se devolvieran los terranos del Trapiche del Prado, donde ellos la proyectaron, a la familia Álvarez. 

Pues bien, esta mañana ha vuelto a la carga, en una rueda de prensa. Hay que recordar que Cardeña fue una de las personas que participaron en la foto de colocación de la primera piedra en el año 2009. La segunda nunca se puso. 

Hay que recordar que la residencia de mayores forma parte del pacto de gobierno que posibilitó la investidura de José Bernal, y que también es un proyecto personal del ahora alcalde, que ya anunció que se haría en otros terrenos y con fondos públicos, sin recurrir a la inversión privada como hizo el PP. 

Pero Manuel Cardeña tiene prisa y esta mañana, en una rueda de prensa, ha presentado una moción que llevarán al próximo pleno para solicitar que se "desbloquee" el proyecto, una reivindicación que dicen está apoyada por 10.000 firmas. 

Cardeña ha dicho que la propuesta también solicita la creación de una comisión bilateral entre Ayuntamiento y la Junta, con la participación de los colectivos de mayores, que trabaje para impulsar este proyecto “esencial para Marbella” y a trabajar en las diferentes posibilidades.

Ha recordado que cuando el PSOE estaba en la oposición exigía al equipo de gobierno del PP la ejecución de dicho proyecto, pero que "renunció inmediatamente al mismo cuando llegó a la alcaldía", si bien ha opinado que “esta triste historia tiene que tener, por un cuestión de interés general, un final feliz”.

Ha subrayado también que "nadie ha trabajado y ha puesto más empeño" para que la construcción de la residencia de mayores en el Trapiche del Prado fuera una realidad que el Ejecutivo del PP, pero que "la falta de compromiso de la Junta de Andalucía malogró esta posibilidad".

ha recordado que "existía un acuerdo con el Gobierno andaluz que se suscribió en 2007 para conveniar plazas publicas de la residencia, pero que cuando se comenzó a remontar de la crisis y alguna empresa se interesó por ejecutar este proyecto, la Junta arguyó que el convenio ya no estaba en vigor y se negó a comproter un nuevo acuerdo de concertación".