El PP elude su culpa en las sentencias laborales contra el Ayuntamiento

La concejala del grupo municipal popular, y también vicepresidenta de la Diputación, Francisca Caracuel, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en la sede del partido para criticar al Equipo de Gobierno por la "demora" en la elaboración de las cuentas públicas para 2016. 

Ha pedido que presenten el presupuesto "en tiempo y forma, y que no busque excusas para justificar su falta de gestión y la demora en el documento mas importante de los que elabora anualmente una administración municipal".

De sus declaraciones se deduce que no considera que la anulación del PGOU ni las dos sentencias que se han recibido en materia laboral contra el Ayuntamiento podrían ser motivo de retraso. 

Caracuel también ha eludido asumir ninguna responsabilidad en estos dos fallos judiciales que han anulado el acuerdo socieconómico al que llegó el PP con los empleado municipales, y también la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. En ambos casos, por vulnerar la libertad sindical. 

"Hemos esperado una semana desde que el portavoz municipal dijera que la sentencia que anula algunas medidas del convenio colectivo frenaba la elaboración del presupuesto, sin que durante este tiempo se haya hecho por parte de los responsables municipales el más mínimo análisis de las consecuencias", señaló. 

Según Caracuel, aún "no han explicado el alcance o la incidencia económica de dicha sentencia en el presupuesto, únicamente han corrido a advertir que quizá alguna de las inversiones previstas corren peligro".

La concejala no ha reconocido ninguna culpa y además ha sacado pecho recordando que durante los ocho años de gobierno tuvieron que hacer frente al pago de sentencias de la época GIL por "casi 20 millones de euros" y estas circunstancias considera que nunca influyeron en los presupuestos. 

"Este gobierno -ha subrayado- se ha encontrado una ciudad con unas condiciones económicas mucho mejor que las que había en 2007, menos endeudados, con un superávit de 46 millones de euros y un plazo de, al menos, diez años más para pagar a la Junta el anticipo reintegrable", ha dicho.

Ha asegurado también que estas circuntancias "bastantes más favorables que cuando gestionaba el PP, debe obligar al tripartito a hacer su trabajo, asumir su responsabilidad, y, en definitiva, a gobernar la ciudad, lo que hasta la fecha no ha hecho, posiblemente porque el gobierno de Marbella le viene grande".

La concejala ha anunciado asimismo que exigirán un presupuesto sin recortes, como el que intentaron quitando la partida de subvenciones al IBI para los empadronados, que incluya inversiones, que mantenga y amplíe las políticas sociales y de empleo y que continúe con la línea de estabilidad laboral y cumplimiento de las compromisos adoptados de integración de los trabajadores de los Oales, que llevó a cabo durante su mandato el gobierno anterior.