Ha sido la portavoz de Educación y Cultura de lo que el PP define como el "Equipo de Gobierno de la mayoría", Carmen Díaz, la que a través de una nota de prensa se ha pronunciado sobre la decisión de lo que ahora llaman ya tripartito de recuperar a los 50 becados originales y no abrir un nuevo proceso.
“Han pasado casi dos mes desde que anunciaron la retirada del plan de becas, y es un tiempo muy valioso que han perdido y han hecho perder a los seleccionados”, ha destacado Díaz, quien ha asegurado que nunca hubo impedimento jurídico para desarrollar este programa, sino falta de voluntad política para ejecutarlo”.
Le ha faltado explicar en el comunicado cuánto tiempo más han perdido esas personas desde que a finales de marzo, ya con un retraso importante sobre la previsiones iniciales, se conociera la adjudicación provisional de las becas, que nunca se hizo definitiva hasta que la convocatoria caducó el 5 de junio.
Casi dos meses en los que gobernó el PP hasta las elecciones, tiempo en el que se paralizó este plan de becas sin que se haya ofrecido ninguna explicación por parte de la formación conservadora.
Únicamente conocemos las explicaciones que, según Costa del Sol Sí Puede, les dieron en la primera reunión que mantuvieron y que hacía referencia a que no las sacaron para que no se interpretara electoralmente. Pero la realidad es que se habían anunciado para enero, aún muy lejos de las elecciones.
Aún así, Carmen Díaz ha dicho este lunes que se ha vuelto a desmontar otra de las "mentiras del tripartito", que en julio anunció la retirada de este programa de becas con la justificación de que el procedimiento había prescrito, “si bien desde el PP ya se les advirtió que dicho expediente podía y debía continuar y que la supuesta prescripción era solo una excusa”.
"También les advertimos entonces que ya se había producido una adjudicación provisional y que por tanto se habían generado expectativas de derechos, que es exactamente lo que hoy han reconocido los actuales responsables municipales, lo que pone de manifiesto o su desconocimiento total sobre derecho administrativo o su mala fe y no sabemos cuál de los dos supuestos es más preocupante”, ha dicho.
Ha remarcado que la administración tiene la obligación de resolver sus procedimientos y, sobre todo, como en este caso, ha destacado que ha habido concurrencia competitiva y afecta a un número tan importante de personas con expectativas de poder cumplir sus aspiraciones y facilitar su inserción en el marcado laboral.
Díaz ha recordado que este programa fue una apuesta de la anterior alcaldesa para favorecer y dar oportunidades a los jóvenes universitarios del municipio, para colaborar en su incorporación al mercado laboral y que además situó al Ayuntamiento de Marbella a la cabeza “pues nunca se había producido por parte de una Corporación local una convocatoria tan importante en cuanto al número de becados”.
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