El PP aprueba en solitario la subida de las tasas de agua y alcantarillado

Casi cinco horas ha durado el pleno del Ayuntamiento de Marbella correspondiente a este mes de octubre, que ha estado marcado por las constantes alusiones de los concejales del Equipo de Gobierno, en prácticamente todos los puntos del orden del día, al debate que tuvo lugar este jueves en el Parlamento de Andalucía y a la polémica con la deuda de los 100 millones de euros del anticipo reintegrable. 

Incluso, la sesión terminó con un discurso de la alcaldesa en este sentido, utilizando el tiempo que correspondía al Equipo de Gobierno para dar respuesta al turno de ruegos y preguntas de la oposición, que se quedó sin las explicaciones oportunas. 

En clave local, se realizó la aprobación inicial de la subida del 1,5% en las tasas de alcantarillado y agua para el próximo año. En este punto hubo importantes discrepancias, ya que desde el Equipo de Gobierno hablan de "actualización del IPC" y desde la oposición se calificó como subida de impuestos. 

Defendió la postura del Equipo de Gobierno el concejal de Obras, Javier García, quien justificó esta medida en función del plan de ajustes aprobado en marzo de 2012 para "recuperar el equilibrio financiero". Señaló que la medida afectará tanto a clientes de Aquagest como de Acosol y destacó que se ha negociado un fondo social para bonificar a los colectivos más desfavorecidos. También explicó que, sobre un consumo medio de 20 metros cúbicos, la subida supone 44 céntimos cada dos meses. 

Enrique Monterroso (IU) habló de la utilización de eufemismos como "revalorización o actualización" y de plegarse a los intereses de la empresa privada concesionaria. Además, dijo que frente al desequilibrio presupuestario está "el de las familias". 

Manuel Osorio (OSP) pidió que se dejara sin efecto el plan de ajuste de 2012, mientras que Ricardo López (PSOE) criticó la "subida de impuestos como si se pensaran que los ciudadanos son multimillonarios". 

Unido a esta subida en el recibo del agua, se ha producido también la dación de cuentas de los convenios con Acosol y Aquagest, que destinarán el 0,5% de los beneficios a bonificar a las personas más desfavorecidas. Muy crítico se ha mostrado Enrique Monterroso quien ha planteado la posiblidad de que, si en un futuro llegan a tener capacida de decisión, estudiarían recuperar la concesión del agua a Aquagest. 

El resto de grupos han criticado que esta bonificación no se aplique directamente y que sea necesario solicitarla, además de que hay muchos vecinos que la necesitan pero no cumplen los requisitos que se piden. 

Otro de los aspectos destacados del pleno ha sido la aprobación de las nuevas tasas por utilización de tres edificios culturales: Hospitalillo, Cortijo Miraflores y Centro Cultural de San Pedro Alcántara. En concreto, se pagará una cuota de 69,57 euros por la sala, más una variable de 20 euros la hora, y otra de 0,32 euros por metro cuadrado de superficie. 

La concejal de Cultura, Carmen Díaz, ha defendido que esta medida hará que "crezcan las actividades a cargo de particulares e instituciones y se enriquecerá la ciudad". Desde la oposición no lo ven así y se ha criticado la medida. IU la ha calificado como un "exceso total", OSP ha dicho que en un hotel se cobra menos por un espacio para un acto cultural y el PSOE la ha considerado "sangrante". 

El pleno también ha aprobado la nueva ordenanza para la retirada de vehículos abandonados en la vía pública y la creación del Consejo Local del Pueblo Gitano y su Reglamento Orgánico Regulador. 

En cuanto a las propuestas de la oposición, solo habían conseguido llegar a pleno dos de IU. Una de ellas se ha aprobado, con una enmienda del PP, para pedir al Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía la elaboración de un estudio sobre la contaminación electromagnética del municipio. La otra, referente a mejoras de seguridad en los velatorios del cementerio de San Bernabé, ha sido rechazada con los votos del PP. 

Además, se han aprobado dos reconocimientos de crédito para pagar 6.539,45 euros por gastos de comunidad de inmuebles municipales, junto a las costas judiciales por las reclamaciones, así como 7.817 euros por la factura del agua en el parque de Nagüeles, no aceptada en su día.