El primer pleno que se celebraba en el Consistorio marbellí un mes de agosto desde 2008 ha durado cinco horas y ha estado marcado por la confrontación pero también por el acuerdo, principalmente a la hora de votar muchas de las propuestas, que han salido adelante por unanimidad.
La más significativa, quizá, la que pedía un acuerdo para instar al Gobierno de España a que destine al municipio, a través de partidas extraordinarias, el dinero que se recaude con las multas del caso Malaya.
Desde el PSOE, su portavoz, Javier Porcuna, ha considerado "injusto" que estas cantidades no reviertan en Marbella. "Hemos oído muchas excusas, pero con voluntad política se puede definir que vuelva el dinero", ha dicho.
Desde el PP se ha apoyado esta moción, en la que ha intervenido la exalcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha dicho que su partido ha mantenido "siempre la misma postura" a favor de este asunto. Ha recordado que hasta ahora, en sentencias firmes, se han recuperado 268 millones de euros.
Por unanimidad se ha aprobado también colaborar con la Gestora de Conciertos para la contribuición a los Servicios de Extinción de Incendios AEI, una expropiación forzosa en la calle Francisco Villalón, incluir partidas en los presupuestos de 2016 para la Agenda Digital, pedir al Gobierno y la Junta que inviertan en el Plan Qualifica, solicitar al Gobierno pantallas acústicas en la A-7 y AP-7 y llevar a cabo una ordenanza sobre transparencia.
Es estas mociones destaca que se votaron a favor por parte del Equipo de Gobierno y de CSSP las dos que presentó el PP, tanto la de la Agenda Digital como la de la ordenanza de transparencia.
Discrepancia
Hasta aquí el consenso, que se ha roto en el resto de puntos. Se ha dado el visto bueno, con la abstención del PP, a que los nombres de Puerto Banús y San Pedro Alcántara se utilicen también en la promoción de Marbella, propuesto por OSP, y a que las contrataciones del Ayuntamiento se hagan con criterios sociales y medioambientales, no solo económicos, idea planteada por CSSP.
También se ha aprobado, con la abstención del grupo popular, el nuevo reglamento de jurídico de directores generales y coordinadores, así como crear una comisión técnica para concretar las calles que pertenecen a los cascos urbanos y cuáles a las urbanizaciones no recepcionadas.
Pese al voto en contra del PP, se ha acordado, a iniciativa de CSSP, adherirse al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, por ejemplo, según explicó Rafael Piña, impide que se puede compensar con empamientos la deuda con la Junta.
Además, se ha aprobado una modificación presupuestaria para organizar jornadas culturales en los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre el patrimonio industrial del municipio, que han supuesto suprimir las jornadas de la Fundación Ortega y Gasset para buscar el presupuesto, algo que ha criticado el PP.
Los popular también han estado en contra de una modificación puntual de elementos en el PGOU para pasar a uso residencial una serie de viviendas, que se venderán, y otra parte a equipamientos, conforme a las compensaciones urbanísticas en Jardines del Príncipe.
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