Tras la anulación del PGOU de 2010 en noviembre de 2015, y recobrar vigencia el de 1986, el Ayuntamiento de Marbella tuvo que poner en marcha una serie de actuaciones para garantizar la seguridad jurídica en el urbanismo del municipio.
Se optó, como es conocido, por adaptar el PGOU del 86 a la actual legislación andaluza (LOUA), y dentro de ese trabajo se han modificado también las normas urbanísticas, aprobadas de forma inicial en julio de 2016.
A partir de ahí, se abrió un periodo de 45 días para formular alegaciones. Se presentaron 181, que han sido resueltas y esta mañana se ha dado un nuevo paso, con la aprobación provisional.
Ahora, estas normas deberán ir a la Junta de Andalucía, para que les dé el visto bueno, antes del definitivo en el pleno del Ayuntamiento de Marbella.
La adaptación de las normas urbanísticas era necesaria, de forma evidente, ya que la realidad de 1986 no es la misma que la de 2017.
Alegaciones
Las
181 alegaciones fueron presentadas por 78 personas físicas o jurídicas. La edil ha detallado que 81 han sido informadas por los servicios técnicos y jurídicos desfavorablemente, 43 favorablemente, 36 como parcialmente favorables, 15 han sido dictaminadas como improcedentes y 6 se encontraban fuera de plazo.
La concejala de Urbanismo del bipartito, Francisca Caracuel, ha presumido de gestión y ha criticado el retraso en este trámite por parte del anterior equipo de gobierno.
La edil socialista Isabel Pérez, que fue responsable del área, ha dicho que "para incompetencia y falta de eficacia el Plan del 2010 que hizo el PP y fue anulado por el Supremo".
Ha señalado que la modificación de las normas urbanísticas "no estaba paralizada", pero que no pudieron concluirla por la moción de censura, algo que hace ahora el nuevo ejecutivo de PP y OSP.
Ha habido críticas desde Izquierda Unida, cuyo concejal, Miguel Díaz, ha dicho que "tras la aprobación inicial se han producido cambios importantes que desvirtúan y lesionan los intereses de la ciudadanía".
Según ha explicado, estas normas "favorecen a las grandes superficies frente a los pequeños comercios tras una alegación de El Corte Inglés y en el Casco Antiguo se incentivan los usos hosteleros, por lo que los vecinos acabarán despoblando la zona".
Desde CSSP, marca de Podemos, Victoria Mendiola ha dicho que "las normas llegan bastante adulteradas" y que "prima la defensa de los intereses particulares, continuando con el urbanismo a la carta".
Suelos urbanos consolidados
Otro asunto urbanístico que se ha tratado en el pleno de este viernes, y que deja claro que el PP está ya manejando todos los detalles en esta materia, cambiando lo que se estaba haciendo, ha sido la incorporación al PGOU de los suelos urbanos consolidados con sentencia firme.
La edil del ramo, Francisca Caracuel, ha justificado que la adaptación del PGOU del 86 a la LOUA, que está en exposición pública, no contemplaba este asunto.
Desde la oposición ha habido críticas. Miguel Díaz (IU) considera que este nuevo marco normativo "podría ser un coladero" y ha pedido que se pronuncie el comité de expertos que se contrató para plantear el nuevo plan general.
Victoria Mendiola (CSSP) se ha opuesto a que estos cambios se hagan en pleno proceso de exposición pública y ha reclamado que se alargue.
Isabel Pérez (PSOE) ha dicho que el tripartito se basó en un informe jurídico de octubre de 2016 para no incluir estos suelos, y que ahora el bipartito tiene otro en sentido contrario.
Ha señalado que sería necesario exponer de nuevo la adaptación, con estos cambios, y ha preguntado a la edil de Urbanismo si lo ha consultado con la Junta de Andalucía y si existe un informe del comité de expertos.
En la votación, a favor PP y OSP, en contra IU y CSSP y la abstención del PSOE.
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