El juez pide el procesamiento del edil Pablo Moro por prevaricación

El edil se encuentra, por tanto, muy cerca ya, no en el tiempo pero sí el desarrollo de la causa, de tener que sentarse en el banquillo de los acusados para responder como presunto autor de prevaricación administrativa por omisión, previsto en el artículo 404 del Código Penal y castigado con entre 7 y 10 de años de inhabilitación para empleo o cargo público. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella considera que debe ser juzgado por este delito y da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que formulen escrito de acusación solicitando apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. 

El juez establece claramente en su auto que el comportamiento del concejal de Urbanismo, que no firmó cuatro borradores de decretos y dos de multas coercitivas por las irregularidades en las obras el club Funky Buddha, constituye "indicios suficientes de delito". 

"En cuanto autoridad municipal urbanística competente (...) tenía la obligación de firmar los decretos analizados de incoación y ampliación de expediente de restablecimiento de la legalidad y de paralización de las obras y reitración de la paralización y de imposición de multas coercitivas", señala su señoría. 

Pero el magistrado va más allá al señalar que "sin embargo, sin justificación alguna ajustada al ordenamiento jurídico, hizo manifiesta y arbitraria dejación de su competencia y devolvió sistemáticamente sin firmar los sucesivos borradores de decreto que se le iban pasando". 

De forma contundente, el juez añade que "no puede justificar su conducta omisiva la supuesta carga de trabajo que pudiera pesar sobre el concejal, pues solo se subían a su despacho para la firma los borradores de decreto (...) pero no el expediente administrativo completo". 

Tampoco considera justificación "un posible olvido o error, ya que son muchos los decretos que no firma en el expediente, discrimina qué decretos firma y cuáles no, además de firmar en la práctica totalidad de los expedientes que se le pasaban pero no en el investigado del local Funky Beach", continúa el demoledor auto. 

"Tampoco (se puede justificar) en una posible y ulterior legalización de las obras, pues la medida cautelar de paralización de las obras que se iban ejecutando y la incoación del expediente de restablecimiento eran imperativas", señala el juez.

Añade al auto que "no es que los borradores se quedaran en el despacho del concejal de Urbanismo a la espera de ser estudiados y firmados por él, sino que (...) los devolvía a los servicios de disciplina muncipales ubicados en la planta de abajo sin firmar". 

Todos estos hechos, considera Miguel Ángel Gómez Torres, son "al menos de forma indiciaria" constitutivos del delito de prevaricación administrativa. 

En el mismo auto, el juez también acuerda el sobreseimiento de los otros dos delitos por los que estaba acusado Pablo Moro, los de cohecho y contra la ordenación del territorio, de los que queda exculpado. 

Este último punto ha sido celebrado este miércoles por el portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, quien considera que la causa queda "descafeinada al menos en un 70%". 

"La supresión de estos dos delitos es importantísima, capital, porque coloca el tema en su justo término, en una duda respecto al procedimiento que se ha seguido, este el escándalo que ha habido", señala.

Romero, quien ha afirmado que no se había leído el auto en su totalidad, quizá no se ha fijado, por tanto, en la contundencia que utiliza el juez al hablar del tercer presunto delito, no menos importante para un funcionario público, como es el de prevariación.

Hay que recordar que todo este proceso arranca tras una denuncia formulada por el PSOE, aunque en el caso de delito contra la ordenación el territorio es por otra del SEPRONA de la Guardia Civil.