La Fiscalía mantiene la petición que realizó en el juicio de origen, ya que considera que, además de los delitos de fraude, malversación y prevaricación por los que Del Nido fue condenado, también cometió falsedad en documento mercantil para las minutas de sus trabajos jurídicos, que reflejan una "operación inveraz".
El Tribunal Supremo ha acogido este martes la vista pública en la que se ha revisado la sentencia de la Audiencia de Málaga, con los recursos de casación presentados tanto por el fiscal como por los condenados.
En esta causa también se encuentran el ex alcalde Julián Muñoz, con las mismas penas que José María del Nido, el ex asesor de Urbanismo, José Antonio Roca, condenado a cuatro años por fraude y malversación de caudales públicos, y la ex mujer del presidente del Sevilla, Ángeles Carrasco, cuya pena es de dos años de cárcel y seis de inhabilitación por fraude en concurso con malversación.
En su alegato este martes, el fiscal considerado que, ante la "falta de control financiero" que existía en el Ayuntamiento de Marbella, los condenados pudieron "detraer fondos públicos a través de servicios fraudulentos", cuya necesidad no puede ser acreditada y algunos incluso fueron "contrarios" a los intereses municipales.
Considera que los trabajos encargados al abogado eran "inexistentes e innecesarios" para el Ayuntamiento, a los que se daba una apariencia de legalidad pese a que las resoluciones dictadas fueron "arbitrarias y ajenas al interés público".
La acusación ejercida por el Ayuntamiento de Marbella ha respaldado a la fiscalía y se ha opuesto a los recursos de los condenados.
Las defensa de Del Nido sostiene que las irregularidades no son achacables al profesional contratado, que no es quien debe valorar si su trabajo es necesario. Argumentan que la presentación de una minuta no puede ser considerada una cooperación. Por ello, reclaman la absolución.
En cuanto a Julián Muñoz, sus abogados han dicho que los trabajos fueron encargados por el entonces alcalde, Jesús Gil, a quien considera responsable de las contrataciones de estos servicios jurídicos.
En el caso de Roca, su defensa sostiene que no es un funcionario, por lo que considera un "error" condenarle por malversación.
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