La solicitud fue presentada por los colectivos que componen la plataforma creada para defender este patrimonio de Marbella que la Junta pretende poner en manos privadas.
A la queja se acompañó toda la documentación relativa al
valor social y patrimonial del conjunto, así como del manifiesto que supera ya las tres mil adhesiones.
La decisión ha sido adoptada, según la comunicación, por reunir dicha queja los requisitos establecidos en la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz.
De esta forma, se inicia el procedimiento con la solicitud al Ayuntamiento de Marbella, la Consejería de Cultura y Deporte y la Consejería de Economía para que
aporten cuanta información dispongan sobre los hechos planteados.
Desde la plataforma señalan que "es un pequeño paso, pero importante debido a la
falta de transparencia por parte de las instituciones implicadas pese a la trascendencia de este asunto".
"Se está arrebatando a la ciudad y sus ciudadanos uno de los conjuntos de mayor simbolismo, prestancia histórica y valores patrimoniales de carácter excepcional, tanto culturales, medioambientales, como sus altísimos valores sociales", concluyen.
El movimiento ciudadano en defensa de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella promovió hace unas semanas un manifiesto.
El texto solicita básicamente tres aspectos. El primero, la
anulación del convenio entre Ayuntamiento y la Junta que "supondría una grave alteración o destrucción del conjunto".
También se reivindican sus
valores excepcionales culturales, arquitectónicos, paisajísticos, ambientales y sociales, así como la salvaguarda, por parte del Ayuntamiento de Marbella y de la Junta de Andalucía, de este patrimonio único.
Por último, se solicita la
apertura de un debate con una amplia participación (administraciones, profesionales, asociaciones, instituciones y ciudadanía), sobre cuál tiene que ser el futuro de residencia.
La principal amenaza que se cierne sobre este equipamiento, hasta ahora social, es la recalificación de la parcela por parte del Ayuntamiento para que su uso cambie a hotelero y ceder su gestión a una empresa hotelera por 75 años.
En julio de 2024, el Defensor del Pueblo Andaluz también admitió una queja sobre la
Casa del Gobernador de Marbella, aunque meses después le dio carpetazo al considerar que todo se estaba sometiendo a los "preceptivos controles y trámites".
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