El Consejo de Ministros solicita la extradición de Carlos Fernández

El reclamado, exconcejal del GIL y del Partido Andalucista, está detenido en Argentina desde el pasado mes de septiembre tras haber permanecido huido desde el año 2006.

De esa forma, Fernández Gámez evitó ser arrestado por su implicación en la "Operación Malaya", dentro del "caso Saqueo II", en la que se detuvo a noventa personas por diversas causas de corrupción.

La primera de estas solicitudes de extradición se fundamenta en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y hace referencia a la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

Los hechos se refieren a su actividad como concejal en el Ayuntamiento de Marbella durante los gobiernos con mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal (GIL) en las legislaturas de 1991, 1995 y 1999.

Dicho gobierno municipal está acusado de haber actuado de común acuerdo para gestionar los recursos municipales al margen de la legalidad con el fin de sustraer a cualquier control público esos bienes, utilizando parte de ellos en beneficio propio y detrimento del Consistorio.

Juzgados de Instrucción

Las restantes cinco ampliaciones de la solicitud de extradición corresponden a tres Juzgados de Instrucción de la localidad de Marbella.

Así, el Número 5 de dicha localidad ha presentado dos solicitudes de extradición por delitos contra la ordenación del territorio y por cohecho.

En el primero de los casos el reclamado está acusado de votar de forma favorable en 2003 por la concesión de licencias urbanísticas con plena conciencia de que eran contrarias a la normativa vigente.

En cuanto a la acusación de cohecho, Fernández Gámez como concejal marbellí, habría recibido importantes sobornos monetarios de Juan Antonio Roca para obtener resoluciones favorables a sus negocios urbanísticos durante 2004 y 2005.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella ha presentado otras dos solicitudes, ambas por delitos sobre la ordenación del territorio.

En la primera de ellas, los hechos se remontan al 14 de abril de 2004, cuando se aprobó el proyecto de ejecución de la entidad "Renta 95, S.L." para edificar nueve bloques de viviendas plurifamiliares, si bien el reclamado conocía la imposibilidad legal de dicha decisión al exceder la edificabilidad permitida en una zona calificada como "unifamiliar exenta".

La segunda, corresponde a la aprobación el 5 de febrero de 2004 de otro proyecto similar de construcción de 42 viviendas unifamiliares por parte de la promotora "TAU Tres, S.L.", existiendo las mismas limitaciones normativas.

Iluminación del Puerto Deportivo

La última de las ampliaciones de solicitud de extradición corresponde al Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella por supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial cometidos el 1 de abril de 2004 como miembro de la Junta de Gobierno Local.

En esa fecha se aprobó un supuesto proyecto de instalación eléctrica e iluminación del Puerto Deportivo de Marbella, por un importe cercano a los 480.000 euros, a través de un contrato ficticio con una entidad denominada "Entidad Mapulsur S.L."

En realidad, dichas obras habían sido ejecutadas con anterioridad a costa de las arcas municipales, con lo que se creó una apariencia administrativa inexistente para apoderarse de capitales públicos.