- Los miembros del colectivo antideslinde, esta mañana.
El movimiento ciudadano antideslinde, cuya denuncia ante la Fiscalía ha originado que ahora un juez indague en la tramitación del PGOU de 2010, ha recordado este jueves que la competencia para hacer cambios en este documento es exclusivamente municipal. Confían también en que el breve arranque la comisión del pleno que investigue por qué se "falsificó el 30% de los planos".
Esta mañana han comparecido en rueda de prensa en la plaza de Los Naranjos cuatro miembros de este colectivo: Carola Herrero, Fabiola Mora, Salvador Cano y Cristina Falkenberg.
Han puesto su objetivo en el documento con cambios en 22 planos que supuestamente presentó el equipo redactor el mismo día de la aprobación del PGOU en el pleno y han solicitado al Ayuntamiento que aclare el camino que siguió hasta acabar incorporado a la documentación que se mandó a Sevilla.
También han recordado que la introducción de cambios en un plan general es competencia municipal, y se han mostrado esperanzados en que "en breve" se ponga en marcha la comisión de investigación para aclarar este turbio asunto en el Consistorio.
"Es de enorme importancia que se cree esta comisión del pleno, que en su día se constituyó de forma errónea, será la primera en Marbella para llegar al fondo de cómo es posible que se falsifiquen más del 30% de los planos del PGOU", ha dicho Cristina Falkenberg.
La arquitecta Carola Herrero ha insistido en que en el pleno celebrado el 29 de julio de 2009 se aprobó la documentación remitida por el equipo redactor el 12 de junio de ese año. Así consta de forma clara en el acta de la sesión.
Informe del equipo redactor
En cambio, posteriormente, a la Junta de Andalucía se le envió una "documentación alterada, distinta", en la que se introducen los cambios en 22 planos, según un informe del equipo redactor que llegó al Ayuntamiento solo unas horas antes del pleno.
La abogada Cristina Falkenberg ha explicado que ese documento del estudio "Territorio y Ciudad", que según la exalcaldesa Ángele Muñoz la exculpa de todo, está rodeado de dudas.
"No tiene hora de entrada, no sabemos quién lo presentó, a dónde fue, pero al final aparece incorporado a la documentación que se envía a la Junta", explicó.
Por ello, han presentado esta mañana una solicitud por registro de entrada para que el Ayuntamiento aclare "qué recorrido siguió" y por qué no se les entregó a los concejales.
Este movimiento ciudadano ha recordado que surgió el 5 de enero de 2015 y que desde entonces están intentando que se aclare este asunto, que ellos califican como la falsificación del PGOU y piden saber quién está detrás.
Su denuncia ante la Fiscalía motivó una investigación de un año que concluyó con una denuncia contra Ángeles Muñoz y el vicesecretario municipal por presunta falsedad documental, según adelantó Marbella24horas el 15 de septiembre de 2016.
"Pedimos que se depure la investigación penal porque los cambios que se introdujeron no eran gratuitos, valían mucho dinero", ha concluido Cristina Falkenberg.
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