En muchos casos, aprovechando el grado de intoxicación etílica de los hombres o tras suministrarles alguna sustancia, efectuaban cuantiosos cargos fraudulentos con sus tarjetas bancarias en los TPV (Terminal Punto de Venta).
A través de un entramado de empresas blanqueaban los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas, dinero que era devuelto en metálico a los explotadores con la mediación de un ciudadano albanés y de su pareja.
La operación, desarrollada en el marco del Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual puesto en marcha por la Policía Nacional, se ha saldado con la detención de 30 personas y la práctica de 27 registros domiciliaros en los que se han intervenido 30 gramos de cocaína, 10 TPV, 62.096 euros, 1.960 libras esterlinas, 152 dólares americanos y cantidades menores de otras divisas.
La investigación se inició en septiembre de 2012, una vez que los investigadores constataron el aumento de la prostitución callejera en Puerto Banús. Los investigadores observaron cómo diariamente, al menos dos furgonetas llegaban a este lugar cargadas con mujeres que, a excepción de la conductora, se bajaban del vehículo para ejercer la prostitución durante toda la noche en las calles de Puerto Banús.
Una vez que contactaban con sus clientes en plena calle o en los diferentes pubs de esta zona, se desplazaban a una serie de viviendas ubicadas muy próximas con el fin de consumar el servicio sexual.
Al final de la noche eran recogidas en las inmediaciones de Puerto Banús y trasladadas a la localidad de Torremolinos, donde al parecer vivían con sus respectivos explotadores, que en ocasiones eran sus propias parejas.
Estas ciudadanas, además de ejercer la prostitución, en muchos casos suministraban a sus clientes sustancias estupefacientes o bien aprovechaban el alto grado de intoxicación etílica de estos, para sustraerles las tarjetas de crédito y realizar importantes cargos fraudulentos tanto en metálico como a través de TPV que había en las viviendas donde ejercían la prostitución.
A la vista de los importantes beneficios económicos que generaban tanto la prostitución como los fraudes obtenidos con las tarjetas bancarias, se inició un estudio minucioso de las empresas asociadas a los datáfonos, comprobando la existencia de un complejo entramado financiero constituido por varias mercantiles dirigidas por ciudadanos españoles.
A través de estas mercantiles se blanqueaba dinero proveniente de estas actividades, dinero que posteriormente era devuelto en metálico a los ciudadanos búlgaros que componían el núcleo de la organización. Para hacérselo llegar contaban con la intermediación de un ciudadano albanés y de su pareja, de nacionalidad búlgara.
Por otro lado, se pudo determinar la infraestructura con que contaban para el ejercicio de la prostitución en Puerto Banús, cuatro viviendas que constituían verdaderos clubes regentados por una ciudadana búlgara, otra española y otra francesa.
Esta última, de 84 años de edad, participaba presuntamente en la realización de los fraudes y es propietaria de alguna de las empresas con las que el grupo desarticulado blanqueaba el dinero.
Un amplio dispositivo policial en el que han participado 115 agentes ha concluido con la detención de treinta personas: veinticuatro de nacionalidad búlgara, cuatro españolas, una albanesa y una francesa, en Torremolinos, Marbella y Algeciras.
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