El problema, ha desde hace tiempo, está localizado en la
calle Casiopea 5F, en Nueva Andalucía, donde ha habido tensiones entre vecinos y cuidadoras de los gatos.
Los activistas señalan que han sido objetivo de "amenazas y acoso" en su labor de alimentar, esterilizar y proporcionar atención sanitaria a estos animales callejeros.
El asunto terminó ya el pasado 10 de abril en una
denuncia ante la Policía Nacional por estas situaciones originadas por residentes en la zona.
Ahora, se acaba de presentar otra denuncia, en este caso ante
el Seprona por la desaparición de los animales.
La cuidadora que la ha interpuesto señala que han detectado
trampas ilegales, que habrían sido colocadas por una protectora de otro municipio, algo que ya trasladaron a la Policía Local, por el momento sin respuesta.
Con esos métodos se habría producido la desaparición de
11 gatos en la colonia que ella alimentaba y más de
una veintena en otra cercana.
"Estos animales han formado parte de mi vida, merezco
una explicación clara e inmediata sobre su paradero", señala en la denuncia, a la que ha tenido acceso este digital.
Considera que la desaparición se ha producido
entre el 1 y el 25 de abril, algo que se comunicó ya al Ayuntamiento de Marbella.
"No se puede confirmar si se tomaron las medidas adecuadas para la protección de los animales, ni si se verificó si los gatos estaban siendo capturados o rescatados de forma segura", añade.
También señala que "esta falta de claridad y acción en la gestión de la situación
genera serias dudas sobre el compromiso del Ayuntamiento con la protección y el bienestar de los animales".
Ha solicitado al Seprona una "investigación exhaustiva sobre la colocación de trampas ilegales y desaparición de los gatos".
Pide también que
se garantice la seguridad de los animales, incluida la "vigilancia activa para evitar más incidentes".
Al Ayuntamiento de Marbella le reclama una "explicación detallada sobre la gestión de la situación" y que aclare qué acciones ha realizado para cumplir con la Ley de Bienestar Animal.
Esta normativa entró en vigor
en septiembre de 2023 y dejaba a las comunidades autónomas la gestión de las colonias felinas.
La Junta de Andalucía elaboró un protocolo marco con criterios para todos los municipios.
Hubo que esperar hasta el pasado 15 de abril, en plena polémica, para que el equipo de gobierno del PP aprobara un programa de gestión en esta materia.
Por el momento no ha habido mucho cambio y son los activistas los que sigue, por ejemplo,
esterilizando a los gatos callejeros, algo que debería hacer el Ayuntamiento.
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