La fuga de más de once años, cuando se le perdiera la pista un 27 de junio de 2006 supuestamente en el monasterio benedictino de San Salvador de Monte Irago, en la provincia de León, mientras hacía el Camino de Santiago, ha terminado este viernes para Carlos Fernández Gámez.
El exconcejal del Ayuntamiento de Marbella, de 49 años, ha sido detenido de madrugada en su domicilio situado en la pequeña ciudad de Rivadavia, en la provincia argentina de San Juan, región de Cuyo, al oeste del país, junto a Chile.
La operación la ha llevado a cabo la Agencia Cuyo de la Policía Federal Argentina (PFA), que le seguía la pista al existir una orden de búsqueda y captura emitida a través de Interpol.
En la localidad de Rivadavia, según medios argentinos, llevaba una vida tranquila, sin ocultarse. Se dedicaba al asesoramiento político y tenía una empresa de coach ontológico, una parte de la filosofía que estudia el ser y sus propiedades.
Además, se había sometido a varias intervenciones quirúrgicas para cambiar su aspecto y utilizaba 'Hernández' como primer apellido.
Otra imagen de Carlos Fernández difundida por la Policía Federal argentina.
Curiosamente su detención se produce un día después de que sus abogados hicieran pública la intención de Carlos Fernández de entregarse a la justicia para explorar distintas opciones como si los delitos de los que se le acusa habrían prescrito.
La defensa del prófugo llegó a asegura que se había entregado en un país sin identificar. Sin embargo, la Policía Federal argentina ha asegurado que lo han detenido en el marco de una investigación.
Aunque en España tiene varias causas pendientes, la principal es el caso Malaya, en el que estaba acusado de cohecho, prevaricación, malversación y fraude, por supuestamente recibir 150.000 euros del exasesor de urbanismo y cerebro de la trama Juan Antonio Roca.
Participó en la moción de censura que derrocó al alcalde Julián Muñoz en agosto de 2003 y que puso en el sillón municipal a Marisol Yagüe.
El exedil andalucista ya había sido condenado en 2005 a dos años y medio de prisión y multa por el caso de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro, en el que se le culpó de malversación de caudales públicos. Se apropió de dinero de las nóminas de los futbolistas que pagaba el Ayuntamiento.
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