Cae una red de fraude en el IVA por la que se registró una oficina en Marbella

Este sábado, a través de un comunicado de prensa, la Guardia Civil ha ampliado detalles sobre la operación que llevó a cabo el pasado martes en Marbella, con un gran despliegue de efectivos en varios lugares. 

La Fiscalía Europea, contando con la cooperación de autoridades de 14 Estados de la Unión Europea, ha coordinado actuaciones entre las que se incluyen numerosos registros en empresas y domicilios, en relación con un complejo esquema de fraude de IVA relacionado con la venta de productos electrónicos.

Esta acción ha tenido lugar de forma simultánea en Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Rumanía.

En España las actuaciones han sido desarrolladas por distintas unidades especializadas de la Guardia Civil en las provincias de Málaga y Barcelona.

Con el apoyo de efectivos de las unidades de la Guardia Civil se realizaron un total de cuatro entradas y registros, uno de ellos en una empresa de Barcelona.

El resto fueron en Marbella, el pasado martes 29 de noviembre, en dos domicilios y un despacho de abogados situado en el edificio Alfil. 

Fueron intervenidos dos vehículos de alta gama y diversa documentación mercantil, según ha informado este sábado el Instituto Armado. 

La estimación del fraude investigado en el marco de la operación, a la que se ha denominado ADMIRAL, asciende aproximadamente a 2.200 millones de euros.

En abril de 2021 las Autoridades Tributarias portuguesas de Coimbra iniciaron la investigación por sospecha de fraude en el IVA de una empresa de venta de teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos.

Tras la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea en junio de 2021, y en base al nuevo marco legislativo, se hizo cargo de la investigación lusa.

A través de la cooperación internacional, se establecieron gradualmente conexiones entre la empresa inicialmente investigada en Portugal con cerca de otras 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países.

Dieciocho meses después de recibir el informe inicial, la Fiscalía Europea ha identificado el mayor fraude carrusel del IVA hasta el momento investigado en la UE.

Las actividades delictivas investigadas se extienden a los 22 Estados Miembros que reconocen la jurisdicción de la Fiscalía Europea, así como Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia, y terceros países como Albania, China, Islas Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Destaca en esta investigación la extraordinaria complejidad del entramado de empresas implicado, conformado a grandes rasgos por empresas que actúan como proveedores de los dispositivos electrónicos y otras que reclaman la devolución del IVA a las autoridades fiscales nacionales una vez vendidos los dispositivos a particulares a través de plataformas de comercio electrónico, para posteriormente canalizar los beneficios de estas ventas al extranjero antes de disolverse (empresas trucha o missing traders).

Estas actividades no serían posibles sin la participación de varios grupos de delincuencia organizada altamente cualificados, cada uno de los cuales desarrolla funciones específicas en el entramado, lo cual les habría permitido evitar ser detectados durante años.

Han participado en la Operación ADMIRAL, además de Europol, la Guardia Civil junto con distintos cuerpos policiales especializados de Europa.

Despacho de abogados en Marbella

Desde el despachos de abogos en Marbella que fue registrado durante la operación, han señalado que "ni la empresa ni ninguna persona del despacho ha sido acusada de ningún delito por parte de la autoridad portuguesa".

También señalan que "no hay medidas cautelares de ningún tipo contra personas o bienes y no hubo detenciones ni confiscaciones de ordenadores".

"Únicamente se llevaron un CD con información de tres compraventas tres viviendas, una en Marbella (Dama de Noche) y dos en Madrid lo cual, a decir de los agentes, era confirmatorio de la no implicación del despacho en una operación de fraude de IVA intracomunitario", señalan.