La Junta de Andalucía defiende la necesidad de la nueva ley del suelo

“El cuidado del medio ambiente y la protección del entorno es fundamental en este texto que quiere que todos los proyectos sean sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental”, ha apuntado la consejera.

También ha defendido la LISTA como necesaria: “El texto posiciona a la ordenación del territorio en un primer nivel en el conjunto de Europa, recoge las necesidades actuales de los ayuntamientos y ayuda en el avance del desarrollo sostenible del conjunto de Andalucía”.

Carazo ha señalado que se trata de una Ley que reduce las trabas burocráticas y que proporciona seguridad jurídica, “esencial para poner en marcha proyectos e inversiones”.

En ese sentido ha explicado que más de 500 planes generales de urbanismo hoy se encuentran anulados por los tribunales.

“Esto significa que de media el 77 por ciento de los municipios andaluces, 18 años después de aprobarse la Loua, vigente hoy, no tienen planeamiento por lo que esa Ley no ha servido para que los ayuntamientos tengan la planificación que necesitan para el crecimiento de sus ciudades y para poner en marcha proyectos que crearían empleo”.

Aguas subterráneas

En este mismo curso, 'Urbanismo y aguas', ha participado el científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, Juan José Duran, quien ha afirmado que el 70 por ciento de los núcleos urbanos andaluces comparten el abastecimiento de aguas subterráneas con superficiales.

“Precisamente estos acuíferos, que tienen un volumen de agua que trasciende la precipitación anual, dotan a estos municipios de una garantía complementaria en momentos de sequía, hecho bastante frecuente en Andalucía”, ha puntualizado.

En Andalucía se disponen aproximadamente de 3.000 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas anuales, de ese porcentaje se utilizan en torno a 1.200 hectómetros cúbicos; mientras que hay otras cantidades que se derivan a uso ambiental para permitir que los ecosistemas ligados a las aguas subterráneas continúen funcionando.

Aun así, Duran ha indicado: “Todavía es susceptible un uso más racional o mejor distribuido en el territorio de este recurso”.

Respecto a la explotación de las masas de aguas subterráneas, el científico ha comentado que en torno a un tercio de las mismas presentan problemas bien de tipo cuantitativo, al extraerse una cantidad mayor a la recarga media anual; o bien, problemas de tipo químico, por la utilización excesiva de fertilizantes en los suelos donde se encuentran esos acuíferos o debido a las filtraciones de aguas saladas del mar en zonas costeras.

“En las últimas décadas, España ha sufrido un proceso de aprendizaje de cuáles son los principales problemas asociados a la explotación y al uso racional de las aguas subterráneas y hoy sabemos mucho mejor cómo evitarlos”, ha reconocido.

Como ejemplo de regulación del uso del agua subterránea, Durán ha mencionado la situación del Parque Natural de Doñana, donde este recurso hídrico es esencial que llegue a las marismas, a los caños y a los ecosistemas que mantienen la flora y fauna de Doñana.

Fraude fiscal

Esaú Alarcón, fiscalista y miembro del consejo asesor de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), se ha mostrado crítico con la nueva normativa de prevención y lucha contra el fraude fiscal aprobada el pasado miércoles 30 de junio.

"La realidad es que, en lugar de intensificar la lucha contra el fraude, podría decirse que es una Ley de derechos y garantías de la administración tributaria".

En su análisis sobre sus aspectos procesales, realizado durante el curso “Prevención y lucha contra el fraude fiscal en la época del Big Data”, ha aclarado que “concede muchas facultades a la administración”, que intenta socavar “los efectos de jurisprudencia del tribunal supremo favorable al contribuyente” y que es “muy penalizadora para los derechos del contribuyente”.

Big Data en la Guardia Civil

El jefe del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, Esteban Ávila Solana, también ha formado parte del mismo curso, con una conferencia sobre aplicaciones prácticas y los desarrollos informáticos del Big Data.

Desde su servicio, que acarrea funciones en los controles aduaneros y en la prevención y lucha contra la infracción fiscal en todo el territorio, aclara que las nuevas tecnologías "funcionan tanto para los buenos como para los malos y se usan tanto para evadir impuestos o para quien quiere pasar mercancías de contrabando", pero que "sin duda", a las fuerzas de seguridad, aportan un "plus de eficacia" de forma exponencial y permiten sacar el "máximo partido a grandes cantidades de datos".

El Servicio Fiscal, formado por siete mil guardias civiles, según el coronel, cuenta con recursos humanos suficientes, pero el "nuevo paradigma" requiere del manejo de información y de medios técnicos.

"Solo en carga aérea se mueven un millón de toneladas de paquetería, setenta y cinco millones de pasajeros en los aeropuertos, cien millones de toneladas en los contenedores de los puertos... todo eso genera una masa de información descomunal", ha añadido para subrayar los beneficios de este salto de calidad y de tecnificación.