El curso “Mujeres frente a la violencia”, organizado junto a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ha contado con la presencia de Pilar Martín Nájera, fiscal de la Sala de Violencia a la Mujer y del Tribunal Supremo.
En su intervención, ha hablado sobre la respuesta judicial ante la violencia de género y la aplicación de la perspectiva de género, fundamentales para comprender delitos cometidos contra las mujeres.
"Si no luchamos usando herramientas desde la igualdad, nunca venceremos a la violencia de género", se ha mostrado tajante.
Para Nájera, la participación de la sociedad es vital: "Los casos no aumentan, se visibilizan más, porque las víctimas dan el paso a denunciar al sentir respaldo social, como ocurre con la agresión sexual o el acoso laboral".
La fiscal sostiene que la Ley de Igualdad de 2007 continúa siendo pionera, pero critica la falta de aplicación y exigencia por parte de los poderes públicos.
Pacto de Estado
Por ello, defiende la elaboración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado a finales de 2017, que actualmente trabaja en la reactivación de aspectos recogidos en la Ley y la introducción de reformas legales, como la asistencia inmediata de abogado o la asistencia social y económica a las víctimas con independencia de que exista sentencia u orden de protección.
No obstante, Nájera incide en la importancia de su segunda parte, que implica directamente a sectores que afectan a toda la sociedad: medios de comunicación, deporte, educación en igualdad o capacitación de operadores jurídicos.
Además, afirma que la fiscalía reivindica “el aumento del número de juzgados especializados” para “conseguir sentencias y respuestas adecuadas”, ya que sólo hay 27 juzgados aglutinando la inmensa mayoría de los delitos, dejando “desprotegidas” a varias Comunidades Autónomas.
En cuanto a la sentencia del caso conocido como 'La Manada', cree que apunta a “una falta de empatía y desconocimiento”. Ante esta problemática, prefiere hablar de capacitación y especialización de jueces en la materia y no de “formación”.
De esta forma, permitirá “entender el fenómeno de la violencia de género” y así llegar a una valoración judicial apropiada y adecuada sobre “la postura de una víctima, sus silencios, la gravedad y la entidad de estos delitos”.
“Que no se trate solo de Derecho formal, sino de Justicia, que ya tiene una connotación mucho más importante”, ha concluido.
Remunicipalización
El exministro de Trabajo e Inmigración Valeriano Gómez ha ofrecido la primera ponencia en el curso sobre externalización y remunicipalización de los servicios públicos, dirigido por los magistrados del TSJA Federico A. Castillo y Francisco Vila.
Para el político socialista no hay un modelo que previamente se pueda calificar como más eficiente por el hecho de ser público o privado para la gestión de un servicio de una administración local, la idea principal que ha transmitido es que la historia económica y social muestra que las preferencias por un sector u otro han ido variando.
“La eficiencia no es patrimonio de la gestión privada ni pública, lo importante es el control por parte de los poderes públicos, la supervisión nunca se puede ceder”, ha dicho.
En este aspecto el también economista ha destacado que en muchas ocasiones falta esa vigilancia de la calidad: “Los responsables públicos descargan esta misión en el que gestiona el servicio, pero siempre hay que tener presente que es un servicio público del que disfrutan todos los ciudadanos”.
En su opinión, lo importante es evaluar la capacidad del ayuntamiento, hacer un proceso transparente, con análisis de los costes y los beneficios y comparar con lo que hacen otras administraciones.
“Hay magníficos ejemplos a lo largo de la historia de un mismo servicio gestionado de forma eficiente desde el ámbito público y también desde el privado, como en el caso del transporte”. El exministro Gómez apuesta por tener una visión “más laica, menos ideologizada” de este tema.
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