Contra el avance del odio, más democracia y derechos. En las últimas semanas, España ha sido testigo de una serie de graves incidentes xenófobos y racistas que no pueden sino despertar una profunda preocupación en cualquiera que aspire a una sociedad plural, justa y democrática.
Los episodios de violencia contra personas migrantes, así como la difusión de mensajes de odio en redes sociales y espacios públicos, no son hechos aislados ni fruto de casualidad: son, en gran medida, consecuencia directa de la escalada de discursos intolerantes promovidos y azuzados por la ultraderecha y sus narrativas simplistas que buscan, siempre, un enemigo fácil.
Los partidos y movimientos de ultraderecha en España han encontrado en la xenofobia y el racismo poderosas herramientas de movilización política. Alimentan el miedo al otro, manipulan datos y acontecimientos, y presentan a las personas extranjeras como una amenaza a la cultura, la seguridad y el bienestar económico.
Esta estrategia, tristemente eficaz, erosiona los consensos básicos de convivencia y respeto que durante décadas han sido pilares del desarrollo democrático en nuestro país. La responsabilidad de quienes ocupan espacios públicos y mediáticos es mayúscula. No se puede tolerar que representantes políticos, amparados en la libertad de expresión, promuevan afirmaciones falsas, teorías de la conspiración y prejuicios que alientan la violencia y la exclusión.
Resulta fundamental rechazar cualquier tipo de ambigüedad ante estos hechos. Defender los derechos humanos, la igualdad y la diversidad no es una cuestión secundaria ni un lujo moral. Es, hoy más que nunca, una necesidad para preservar la cohesión social, la paz y el futuro democrático de España.
Hay que recordar que la riqueza de nuestro país reside precisamente en su pluralidad y en la aportación constante de personas migrantes que son parte esencial de nuestra historia y nuestro presente.
Es imprescindible fortalecer las leyes contra delitos de odio, dotar de recursos a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial para que puedan actuar con eficacia, y garantizar el apoyo social y psicológico a las víctimas. Pero, sobre todo, hace falta una labor pedagógica profunda: educar en la empatía, el pensamiento crítico y la convivencia desde las edades más tempranas.
La sociedad civil, los movimientos sociales, las organizaciones progresistas y la ciudadanía comprometida tienen la obligación de levantar la voz frente a la intolerancia. Denunciar, acompañar, proponer y construir espacios de encuentro y solidaridad.
La batalla por una España plural y democrática se libra, sobre todo, en las calles, en los barrios, en las aulas y en los medios; en la valentía cotidiana de quienes no se resignan a que el odio sea la respuesta.
Hoy, más que nunca, el progreso significa ponerse del lado de quienes sufren la discriminación. Porque defender a las personas migrantes y racializadas es defender la dignidad y los derechos de todas las personas.
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