La sentencia de la vergüenza

09/10/2013
La sentencia del caso "Malaya" ha causado estupor e indignación en la calle por las diferencias entre las penas aplicadas y las que solicitaba la Fiscalía. A los profanos en derecho, entre los que me encuentro, nos cuesta entenderlo pese a que el tribunal se escude en el antiguo Código Penal y en la dificultad para probar ciertos hechos. Pero siempre queda la opción de que el fallo se revise en una instancia superior. Y aquí es donde también llama la atención el enrocamiento de las autoridades locales en su negativa a que el Ayuntamiento recurra esta sentencia de la vergüenza. 

Para analizar y entender lo que ha ocurrido con la sentencia del Malaya hay que recordar, en primer lugar, que se juzgaban los hechos acontecidos en los últimos años de gilismo, tras la moción de censura de 2003. Por tanto, se ha llevado ante la justicia, aunque en un macroproceso muy mediático, solo unos pocos años de corrupción, los que pasaron hasta la disolución en marzo de 2006. 

No se debe olvidar que quedaban fuera de este proceso los años de mayor saqueo de las arcas municipales. En Malaya se atrapó solo a los cargos políticos que intentaron aprovechar las migajas de lo que había sido un sistema institucional de corrupción, que ciertamente ya languidecía, sin la figura desde 2004 de su principal impulsor, aunque no parecía, ni mucho menos, condenado a morir. 

Por tanto, a la hora de valorar esta sentencia, no hay que perder esta perspectiva. Por otro lado, muchos de los delitos que se imputaban eran difíciles de probar y, de hecho, ha habido 34 absoluciones, condenando solo a 52 de los 86 acusados que fueron a juicio finalmente. 

Además, hay que recordar que en procesos anteriores, casos Saqueo 1 y 2, ya se juzgó la malversación de caudales públicos, y en multitud de causas otros delitos urbanísticos. Además, en Malaya la responsabilidad civil que se fija es mínima, por lo que algunos de los condenados deben devolver solo cerca de 1,5 millones de euros al Ayuntamiento. Tendrá que ser el Estado, que recibirá las multas a través de Hacienda, el que articule los posibles mecanismos de resarcimiento. 

Pero dicho todo esto, escandaliza que haya salido tan barato cometer toda clase de tropelías en una institución pública, aunque sea durante tres años. La indignación a pie de calle es generalizada, se pedía una sentencia ejemplar, que quitase las ganas a muchos políticos de volver a aprovecharse de sus cargos, pero no parece que haya asustado a nadie. 

Por tanto, resulta evidente que es necesaria la revisión de las penas y de las multas en el Tribunal Supremo. Hay un mes de plazo y más de 5.000 folios que estudiar. Pero sorprende la negativa del Ayuntamiento a presentar un recurso. 

Las autoridades locales se dan por satisfechas con la recomendación que hizo el tribunal de que el dinero revierta en Marbella, que no es ni tan siquiera una orden, sino un consejo. El Ayuntamiento, que ha ejercido la acusación particular, puede y debe plantear un recurso para solicitar un incremento de penas. Es lo que está pidiendo a gritos la ciudadanía. Lo contrario es difícil de explicar.

Sabemos que en 2006 el PP presentó 20.000 firmas, y que siempre ha defendido que los bienes vuelvan, eso no se cuestiona. Pero ahora, desde el Ayuntamiento, debe liderar, por un lado, la revisión de penas y, por otro, que el dinero realmente vuelva a entrar en las arcas municipales a través de las multas. 

En este segundo aspecto, se ha adoptado una posición demasiado triunfalista. No hay nada seguro y, en caso de que las multas se utilicen para pagar la deuda con Seguridad Social y Hacienda, que es algo que está por ver, todavía sobraría bastante dinero, que parece claro nunca volverá. 

Recientemente, José Carlos Villanueva, periodista de referencia en todos estos asuntos, ha publicado en Diario.es que el cobro con inmuebles a Juan Antonio Roca por el caso Saqueo I, vendido a bombo y plantillo en Marbella, ha fracasado. Entre ellos, estaba la célebre finca de La Caridad, la de los caballos, conocida en toda España. 

Tanto la Fiscalía como el Interventor Municipal se han negado a cobrar en especie para después subastar, como pretendía la alcaldesa, y reclaman liquidez. Por tanto, no es oro todo lo que reluce en el retorno del dinero esquilmado y hay que amarrarlo muy bien, lejos de celebraciones prematuras y propagandísticas. 

Y concluyo con un par de reflexiones más. No podemos pasar por alto que fue el pueblo de Marbella el que otorgó cuatro mayorías absolutas al GIL, contribuyendo con ello a fomentar el modelo de vaciado de las arcas municipales, cuya parte final es el caso "Malaya".

Recuerdo, desde la lejanía, ver en televisión, en el Mississipi de Pepe Navarro, a Isabel García Marcos partiéndose la cara contra Jesús Gil, que la insultaba, al igual que muchos ciudadanos de Marbella, que nunca la creyeron. Al final se demostró que decía la verdad. Lástima que terminara pasándose al lado oscuro y siendo una más de ellos, tirando por tierra todo aquel trabajo de oposición. 

Y por último, hacer hincapié en que la lectura pública de la sentencia ha vuelto a situar a Marbella a nivel nacional como epicentro de la corrupción urbanística. Era un trago que había que pasar, cuando la imagen del municipio se va recuperando poco a poco. De todas formas, nunca es bueno olvidar el pasado, sobre todo cuando no se debe repetir. 

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