Hubo dos falsificaciones, no solo una

02/10/2016
Pues una semana más seguimos a vueltas con los problemas judiciales, que no políticos, de la senadora y exalcaldesa Ángeles Muñoz, que siguen marcando la actualidad local. Continúa en su vehemente campaña de defensa ante la opinión pública, al tiempo que prepara la que tendrá que hacer en los juzgados y que ya se empieza a vislumbrar por dónde irá. 

Y es necesario mencionar dos cosas que están muy claras. Primero, el PGOU de 2010 fue falsificado (palabra que utliza el movimiento antideslinde), alterado o modificado de forma irregular, como queramos. Segundo, lo mismo se puede decir del acta del pleno de 29 de julio de 2009. 

Es evidente, y esto no está sujeto a opinión, que el plan que se envía a Sevilla para su visto bueno definitivo no es el mismo que se aprueba en el pleno de Marbella el 29 de julio. Entre uno y otro hay cambios en 22 de los 71 planos. Por tanto, el documento fue alterado. 

El acta del citado pleno lo refleja de una manera muy clara. Dice textualmente que se acuerda "aprobar provisionalmente.... en los términos previstos en la propuesta y documentación remitida por el equipo redactor en su escrito de 12 de junio de 2009". 

Por tanto, no hay ninguna duda de lo que se aprobó, que además es el mismo documento que conocían los concejales y que había sido dictaminado en comisión dos días antes. 

Que antes, el día 28, o incluso después se introducen cambios, es otra obviedad. ¿Quién los hace? Eso lo tendrá que determinar la justicia, al igual que por qué se realizan, donde está quizá la clave de todo. 

Por tanto, insisto, está muy claro que el plan se cambia. Y añado otro argumento más. Existe un informe del Jefe de la Unidad Técnica de Planeamiento y Gestión, solicitado por la Fiscalía, en el que se constantan "alteraciones" en 22 planos entre la versión del equipo redactor y el que se envía a la Junta. Más claro, imposible.

Y por otro lado, también es evidente que el acta se ha falseado. Así se deduce de la visión del vídeo del pleno, en el que nunca se habla de que existan cambios, y de la versión de concejales como Enrique Monterroso, quien afirma que nunca tuvo conocimiento de variaciones en el documento de 12 de junio.

(Por cierto, para algunos que nunca quisieron saber nada de esta tema y que ahora pontifican, no fue únicamente Monterroso el que votó en contra del PGOU, también lo hizo el concejal no adscrito Juan Luis Mena).  

Por tanto, sobre todo esto debe trabajar la justicia y determinar quién introduce esos cambios, si lo hace el equipo redactor o alguna "mano negra", y si se hicieron conforme a la normativa, ya que muchas voces aseguran que habría sido necesario un nuevo trámite de alegaciones o, al menos, contar con informes técnicos. Y, lo que es meridiano es que debería haber informado a los concejales que tenían que votar. 

Todo son irregularidades, bastante claras y que lleva años denunciando el movimiento ciudadano antideslinde, cuya denuncia ante la Fiscalía, en el verano de 2015, se produce por lo que consideran "un presunto delito de falsificación del PGOU de 2010", del que no hacen responsable a nadie. 

Es el Ministerio Público, el que tras investigar durante once meses, considera como posibles autores a la ahora senadora Ángeles Muñoz y al vicesecretario. 

En cambio, ahora la exalcaldesa sostiene en su campaña que lo que único que se dilucida en los juzgados es la falsificación del acta. Resultaría curioso que el juez que está instruyendo, Gonzalo Dívar, obviara los cambios en el PGOU, que son tan evidentes como los del acta, como queda claro. 

Por ese camino, según ella, daría esquinazo de nuevo a su gran fantasma, el de las lindes, cargando los cambios al equipo redactor, algo que está por ver que sea verdad, porque hay muchas dudas sobre el documento que está exhibiendo en redes sociales, mientras que, en el otro asunto, la culpa se la va a echar al vicesecretario. 

Aún así y a la contaminación mediática que plantea Muñoz, la justicia hará su trabajo, y si no también hay medios para reclamárselo, porque hubo dos falsificaciones, alteraciones o modificaciones, la del PGOU y la de acta, la primera de ellas mucho más grave. 
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