El esperpéntico final de legislatura de Ángeles Muñoz

A veces la propaganda y el servilismo periodístico no dejan ver el bosque, pero si nos fijamos un poco enseguida podemos apreciar lo que se podría definir como el esperpéntico final de legislatura de la alcaldesa Ángeles Muñoz. Y basten para sustentar esta afirmación únicamente dos ejemplos: el regalo de 170.000 metros de terreno a Benahavís, algo completamente contrario a cualquier lógica, y el procesamiento del concejal de Urbanismo, a la espera de juicio oral por un presunto delito de prevaricación. 

A esos dos asuntos de cabecera le podemos unir alguno más: el revés judicial al traslado del polígono de La Ermita a la zona de La Serranía, el estancamiento absoluto de la remodelación del Puerto de La Bajadilla, la alta cifra de parados que sigue habiendo en el municipio mientras se da trabajo a gente de fuera o la enésima promesa de que se va a trasladar el recinto ferial de Las Albarizas, algo que ya nadie se cree.

No es necesario engordar más la lista para ver a una alcaldesa reflejada en los espejos cóncavos del callejón del Gato que mencionaba Valle-Inclán en Luces de Bohemia, que aquí bien podría ser las cristaleras de los múltiples locales que están cerrados en la avenida Ricardo Soriano. Así de distorsionado está el final de su segunda legislatura, en un ambiente claro de cambio hacia las elecciones municipales en las que todo apunta a que perderá la mayoría absoluta. 

Motivos hay más que suficientes para ello. Altamente escandaloso, pese a la poca repercusión mediática, es que el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, se encuentre a la espera de juicio oral por un presunto delito de prevaricación. Para algunos, este asunto tiene menos relevancia que el sobreseimiento de otras dos acusaciones, las de cohecho y contra la ordenación del territorio. Haría falta saber si la vara de medir sería la misma con un edil socialista camino del juzgado. 

El delito de prevaricación no es menor para un funcionario público, más bien todo lo contrario, sobre todo para un concejal. Los autos del juez Miguel Ángel Gómez Torres son demoledores y contundentes contra la actuación de Moro. "Sin justificación alguna ajustada al ordenamiento jurídico, hizo manifiesta y arbitraria dejación de su competencia", sostiene el magistrado que ha instruido el llamado caso Funky Buddha. 

Que un concejal de Urbanismo estuviera a las puertas del juicio oral sería grave en cualquier municipio de España, o incluso del mundo, pero lo es más aún cuando se trata de Marbella, con un pasado muy turbio, que no hace falta recordar, en esta materia.

Parece bastante clara la importancia de este tema, aunque siempre queda la vía de mirar para otro lado y hacer caja o, como hace Félix Romero, posible nuevo parlamentario andaluz, utilizar la escuela eufemística del partido y decir que se trata únicamente de aclarar una "duda sobre el procedimiento que se ha seguido". 

A estas alturas de la película, rechina bastante que los que hablan de regeneración democrática mantengan en sus funciones al citado concejal que, obviamente, no va a ir en la lista para el 24 de mayo. Su tiempo político se ha terminado y no debería estar ya ni un minuto más en la delegación, a la espera de lo que diga la justicia. 

Y otro asunto que sonroja tremendamente es el de la alteración de términos municipales entre Marbella y Benahavís, un tema viejo pero que ahora vuelve a la actualidad no por las elecciones, como quiere vender el PP, sino porque en el pleno del pasado mes de noviembre se aprobó la memoria justificativa del expediente puesto en marcha por la Junta a instancias de ambos ayuntamientos, que se han puesto totalmente de acuerdo en la operación. 

Más allá de manipulaciones interesadas, ese documento fija con claridad que Benahavís cederá 28.163 metros cuadrados, mientra que Marbella le entrega 196.816 metros. Las matemáticas, como el algodón, no engañan y la diferencia es de cerca de 170.000 metros a favor del municipio vecino. 

Sin entrar en si las lindes son de 1873 o si en estos terrenos se encuentra la mansión de la alcaldesa, no hace falta dar muchas más vueltas, a ningún ciudadano de Marbella le puede parecer razonable entregar su patrimonio a otra localidad. Por ello, causa especial desconcierto ver cómo el Ayuntamiento está a favor de la pérdida de terreno y no va a hacer absolutamente nada. 

Es muy difícil explicarle este asunto a los ciudadanos, por más que se tire de la habitual estrategia de manipulación. Las cuentas no salen y no hay más. Con Ojén se hizo recientemente otro deslinde, pero se intercambiaron los mismos metros cuadrados, nadie perdió. Aquí sí, pierde Marbella, y se plantea difícil poder evitarlo ya que hay acuerdo entre ambos municipios. Solo un cambio y otro equipo de gobierno que se posicionara en contra podría servir de freno. 

Y así estamos a poco menos de tres meses de las elecciones municipales, en las que los ciudadanos deben juzgar también la falta de transparencia en el Ayuntamiento, los sueldos desorbitados de los cargos de alta dirección, las cuentas en Luxemburgo o el proyecto fallido de los rascacielos. Por más que se entreguen cientos de diplomas y se ofrezcan bizcochos, chocolate y paellas, el final se acerca.