Respecto al sector comercial, el Ejecutivo andaluz impugnará el artículo 27 del Real Decreto-Ley, que modifica diversos preceptos de la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales para introducir un alto grado de concreción en su regulación. Según el Consejo de Gobierno, este nivel de detalle, que sólo se justifica en el caso de competencias exclusivas y directas, supone una extralimitación que deja sin margen a la comunidad para determinar los domingos y festivos de libre apertura y la declaración de zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios.
Similar invasión competencial supone el artículo 28 de la norma estatal. Este precepto será recurrido por introducir medidas de liberalización en materia de rebajas que rompen el actual modelo comercial y que, en cualquier caso, sólo corresponderían a la comunidad autónoma.
Entre otros cambios normativos, el Real Decreto-Ley fija en 90 el número de horas de apertura semanal de los establecimientos comerciales en días laborables y en la horquilla de 10-16 la cifra de los domingos y festivos autorizados.
La medida, que beneficia a las grandes superficies en perjuicio del pequeño comercio, contrasta con las 72 horas y ocho festivos establecidos, respectivamente, por la vigente Ley de Comercio Interior de Andalucía, norma que garantiza también la libertad horaria para los locales de menos de 300 metros cuadrados, las tiendas de conveniencia, los establecimientos de estaciones y aeropuertos y los establecimientos de los 24 municipios andaluces declarados zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios.
Frente al carácter voluntario que presenta en Andalucía esta última figura de liberalización, el Real Decreto-Ley impone a la Junta la obligación de declarar zonas de gran afluencia turística a todas aquellas ciudades con más de 200.000 habitantes que alcancen el millón de pernoctaciones o reciban más de 400.000 cruceristas en un año, independientemente de la solicitud de los correspondientes ayuntamientos. En el caso andaluz, la medida supondrá la declaración de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.
En cuanto a las rebajas, la norma estatal permite a los comerciantes determinar libremente los periodos y su duración, que hasta ahora estaban regulados y restringidos a dos anuales, uno en verano y otro en invierno. Además, elimina las limitaciones temporales para la puesta en venta de productos en promoción. La Junta considera que todo ello perjudica al comercio minorista, que no podrá hacer frente a la capacidad de las grandes superficies para mantener en el tiempo estrategias basadas en la reducción de precios. Según el Gobierno andaluz, estas medidas rompen también el equilibrio de competencia del actual modelo comercial y no garantizan la convivencia de una pluralidad de formatos, como ocurría hasta ahora.
El sector comercial representa el 10% del Producto Interior Bruto regional, aglutina a casi 184.400 establecimientos (pymes en un 94%) y ocupa a 452.300 personas (el 16,3% de la población ocupada andaluza), con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino.
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