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La Junta recibirá 2.115 millones del Fondo de Liquidez y espera los casi 5.000 acordados

Redacción | 09/10/2012
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La Junta recibirá 2.115 millones del Fondo de Liquidez y espera los casi 5.000 acordados
  • La consejera Carmen Martín Aguayo junto con el portavoz Miguel Ángel Vázquez.
La Junta de Andalucía recibirá inicialmente una aportación de 2.115 millones de euros correspondientes al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), según el reparto de esta línea de crédito acordado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en comisión delegada. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha informado en el Consejo de Gobierno sobre la solicitud presentada por Andalucía para acogerse a este fondo por 4.906,8 millones.

Martínez Aguayo ha precisado que la única condición que la comunidad debe atender para adherirse a este fondo es el cumplimiento del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio, que conlleva, entre otros aspectos, la reordenación del sector público, lo que supone que la Administración autonómica "culmine" el proceso iniciado hace dos años.
 
La consejera ha considerado positiva la cantidad de 2.115 millones de euros asignados a Andalucía en el reparto inicial, aunque ha precisado que la comunidad seguirá insistiendo en su petición de 4.906 millones porque considera que es el montante que puede obtener de ese mecanismo de financiación "en cumplimiento de su propio reglamento".
 
En términos generales, ha precisado, el FLA no representa una vía de rescate, sino un fondo que permite a las comunidades autónomas "en momentos de dificultades financieras del conjunto de las administraciones" y, dentro de la responsabilidad del Gobierno de la Nación, facilitar el acceso a los mercados financieros en el marco de los endeudamientos autorizados. En principio, la operación de endeudamiento tendrá un margen de diez años, con dos años de carencia incluidos, un margen de interés que se situará en el que cobren al Tesoro más 30 puntos básicos y un 6% de interés.
 
Techo de endeudamiento
 
Por otro lado, respecto al acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre el techo de endeudamiento para 2013, ha aclarado que se situará en una horquilla de entre el 15,1 y el 15,3% del Producto Interior Bruto (PIB), en sintonía con lo que reclamaba la comunidad en el marco de su plan de reequilibrio y por encima del 13,2% fijado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado mes de julio.

A este respecto, la consejera ha agradecido la "receptividad" mostrada por el Ministerio de Hacienda, después de que la Junta expresara que el límite de un 13,2% "no era razonable", y ha considerado que "se ha hecho justicia" con Andalucía. "Otro planteamiento no se habría entendido", ha aseverado Martínez Aguayo.
 
De no haberse producido esta "buena noticia", ha continuado, la comunidad contaría con 2.700 millones de euros menos para sus cuentas de 2013, con lo que resultaría "complicado" mantener distintos servicios públicos, incluidos centros sanitarios y colegios.
 
Con este acuerdo para elevar el tope de endeudamiento, y a la espera de concretarlo próximamente, la consejera ha afirmado que la comunidad se encuentra ya "en disposición" de elaborar su Presupuesto para 2013, unas cuentas que, ha destacado, serán restrictivas y en las que la educación seguirá centrando el discurso económico.
 
No obstante, ha recordado que, según las variables que la Ley de Estabilidad fija para el Presupuesto (regla de gasto, objetivo de deuda y objetivo de déficit), la Junta está en desacuerdo con este último, marcado en un 0,7% para todas las comunidades en 2013.
 
La titular andaluza de Hacienda ha reclamado otro reparto del déficit "más equilibrado" tanto respecto al Gobierno central como entre las comunidades autónomas. En el primer punto, ha reiterado que el Gobierno "se ha asignado todo el margen de flexibilidad" que la Unión Europea concedió a España atendiendo a su situación socioeconómica.
 
Finalmente, en cuanto a la distribución "homogénea" del 0,7% que han de seguir todas las comunidades "por igual", ha rechazado que ésta se haya establecido atendiendo al PIB y ha abogado por que su modificación se realice para 2013, en lugar de situarla en 2014, como ha anunciado el Gobierno. 

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