En su comparecencia informativa tras el Consejo de Gobierno, la consejera ha explicado que la Junta de Andalucía iniciará el próximo mes los contactos con los agentes sociales y económicos de la comunidad, con una agenda de trabajo en la que se cerrarán reuniones con los representantes de los partidos y los colectivos que quieran contribuir a conformar un acuerdo social común "frente a lo que consideramos un ataque frontal a la educación y a la sanidad pública andaluza y, muy en particular, al bienestar de los andaluces", ha manifestado.
Ha precisado que este Pacto por Andalucía rebasa el catálogo de medidas volcadas en el programa de Gobierno tras las elecciones y las abre a la sociedad andaluza, para cerrar acuerdos puntuales y consensos sectoriales que reflejen el "modelo distinto" de hacer las cosas que tiene la Junta de Andalucía pese a las dificultades políticas y financieras.
De esta forma, según la consejera, son tres los objetivos que la Junta de Andalucía se marca con el Pacto por Andalucía, centrados en "la reactivación económica y la creación de empleo, la apuesta por el sistema de educación pública y de calidad y el mantenimiento de la red sanitaria pública y universal".
Igualmente, ha señalado que se ha pedido a los consejeros de la Junta de Andalucía que concreten un calendario legislativo que permita desarrollar el acuerdo político con la mayor celeridad posible. "Y se hará con leyes y no con decretos-ley", ha matizado, al tiempo que ha subrayado que "en ese calendario legislativo, el Consejo de Gobierno ha decidido priorizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".
Del mismo modo, ha explicado, también se dará prioridad a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal y Social. "Somos conscientes de que es una de las reivindicaciones de los ciudadanos, de aquellos que pagan sus impuestos y que cumplen con la ley. Por eso vamos a perseguir a todos aquellos que vienen a defraudar, fiscal o socialmente lo que es de todos", ha defendido.
Por último, ha manifestado que el calendario legislativo se concretará a lo largo del mes de septiembre y con el compromiso de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública llegue la primera al Parlamento. "Una ley que será debatida y analizada con la sociedad y que profundizará en la práctica y trayectoria de la transparencia de la Junta de Andalucía", según la consejera, que ha recordado que esta trayectoria "ha situado a Andalucía como una de la autonomías más transparentes de España, y valorada así por los organismos internacionales independientes".
En este sentido, ha recordado las medidas puestas en marcha en esta línea, como la regulación de la declaración y publicación de los ingresos y patrimonio del gobierno, diputados y altos cargos, o el impulso a la iniciativa Escaño 110.
Establecer como página de inicio
Añadir a favoritos
