La Junta aprueba el anteproyecto de la Ley de Transparencia

Las demandas de información por parte de la ciudadanía hacia la Administración tendrán que ser respondidas por ésta en un plazo no superior a 20 días hábiles. 

 

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado que esta norma abre la "Administración de par en par" y "establece un nuevo modelo de relación con la ciudadanía, que, en definitiva, tendrá más poder de control de todo lo público". En este sentido, ha destacado que la norma "está a la altura de lo que demandan los ciudadanos".

 

En su opinión, se trata de una ley de "gran trascendencia para el momento crucial que atravesamos, en el que estamos obligados a recuperar la confianza de los hombres y mujeres que, en su conjunto, no están en contra de la política, sino que lo están en contra de determinadas maneras de hacer política".

 

En este sentido, el consejero ha explicado que el objetivo de la ley es que "todo lo público sea transparente". De este modo, los ciudadanos "van a poder saber qué se hace con todo el dinero público y van a poder exigir una rendición de cuentas permanente, no sólo cada cuatro años", ha apostillado.

 

Para Jiménez Barrios, ésta es "una de las leyes más importantes y ambiciosas del programa de Gobierno", que "nos ayudará a profundizar en nuestra democracia" y a "enmarcar legislativamente la transparencia, una de las premisas que queremos que definan este nuevo tiempo, tal y como se comprometió la presidenta en su discurso de investidura".

 

Asimismo, ha destacado que el nuevo texto se ha ido "enriqueciendo" en el proceso de su elaboración ya que incorpora algunas alegaciones realizadas por la ciudadanía y los agentes sociales durante el periodo de exposición pública y ha tenido en cuenta las consideraciones aportadas por el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) o el Consejo Consultivo, a los que la Junta solicitó dictámenes.

 

Entre los cambios que se han incluido para mejorar y ampliar el texto normativo destacan los referidos a las posibles sanciones para quienes incumplan la ley; se ha clarificado la multa coercitiva a las empresas y entidades privadas que se nieguen a facilitar información y se ha incluido la obligatoriedad de publicar los órdenes del día, acuerdos y expedientes de los Consejos de Gobierno.

 

El nuevo texto introduce la creación de una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas, para resolver cualquier duda que se pueda plantear en torno a las mismas, tanto de las procedentes de órganos y entidades que integran el sector público autonómico como de las otorgadas por las entidades locales andaluzas. Las resoluciones de este órgano se harán públicas y, por lo tanto, los criterios aplicados en la materia.

 

Igualmente, el texto se ha adaptado para cumplir con la Ley estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aunque la norma andaluza es más exigente en la regulación de los partidos políticos. Así, si el texto nacional sólo les exige informar de los contratos, convenios y subvenciones públicas, la ley andaluza les obliga a cumplir con normas de transparencia análogas a las de las administraciones si quieren financiar su funcionamiento con dinero público de la Junta. Asimismo, cuando sean beneficiarios de subvenciones en la comunidad, los partidos estarán obligados a facilitar información sobre lo realizado con ese dinero si los ciudadanos lo solicitan.

 

De igual modo, se han ampliado las medidas de control al reforzar las competencias del Consejo de Transparencia y Protección de Datos –que en el texto inicial se denominaba Agencia– para que ejerza como autoridad independiente. De este modo, podrá requerir a las administraciones que se subsanen incumplimientos e instar a la apertura de procedimientos sancionadores. A petición del CES, se han incluido a los consumidores y usuarios en este Consejo de Transparencia.

 

En cuanto a su entrada en vigor, se establece el plazo de un año. Esta decisión obedece, fundamentalmente, a un criterio técnico para garantizar que se pueda adaptar la estructura de la Administración al cumplimiento efectivo a la norma. El periodo fijado en Andalucía está por debajo del que estipula la ley nacional para las comunidades autónomas, que da de margen hasta dos años. Este periodo, no obstante, se mantiene para las entidades locales.