A este recorte, se suma que, a partir del 1 de agosto, las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras corren a cargo exclusivamente de ellas, un importe que asumía la Administración General del Estado.
Para intentar amortiguar esta medida, la Junta ha activado un recurso para que este 15% se reduzca al 13,2% con una aportación desde el Gobierno andaluz de 217.000 euros al mes, lo que supone un total de 2,6 millones al año. La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha recordado en el Parlamento que este esfuerzo es muestra de la "apuesta decidida del Gobierno Andaluz" por mantener y seguir desarrollando la Ley de Dependencia.
La consejera ha insistido en que la prestación para cuidados en el entorno familiar es una de las fórmulas de atención más importantes destinada a aquellas personas que desean permanecer en sus hogares el máximo tiempo posible y atendidos por sus familiares más cercanos. Montero ha manifestado que el Real Decreto-Ley 20/2012 supone un "fuerte mazazo" a la normativa y que el Gobierno central ha actuado unilateralmente sin informar a las comunidades autónomas.
Además, ha asegurado que la Junta es "consciente del importante papel que juegan estás personas" que fundamentalmente son mujeres que, por cuidar a sus familiares, no han tenido la oportunidad de incorporarse al mercado laboral. Por esta razón, la Junta ha puesto en marcha planes de formación destinados a estas cuidadoras no profesionales como el Cuidabus y los talleres presenciales, que tienen en cuenta cuestiones como el nivel de especialización en la materia, la reducida disponibilidad de tiempo para formarse y las dificultades de acceso geográfico.
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