Ávila ha señalado que el Gobierno andaluz ha conseguido, en el marco legalmente establecido, que "el esfuerzo de las familias para pagar las matrículas no aumentara del actual". Andalucía será así la única comunidad autónoma en la que, en el curso 2012-2013, se aplicará un precio único en primeras y segundas matrículas, sin distinción por ramas de conocimiento, ajustando los precios públicos para dicho curso en los mínimos de las horquillas fijadas el Gobierno central.
El consejero ha explicado que el Gobierno central optó el pasado mes de abril por la modificación de la Ley Orgánica de Universidades con la aprobación del Real Decreto Ley 14/2012, una normativa que salió adelante "sin consenso y sin el apoyo de los principales agentes implicados". Según ha detallado, el decreto supone la disminución de 3.000 millones de euros de la inversión en educación a nivel nacional y, de manera directa, afectará al ámbito de las políticas universitarias, lo que ha conducido a un plan de reequilibrio económico financiero por parte de la Junta de Andalucía que supondrá una reducción en los presupuestos de las universidades andaluzas de 130 millones, conforme al marco aprobado en el Consejo Andaluz de Universidades del pasado mes de junio.
La reforma implantada por el Ejecutivo en los precios públicos para las enseñanzas universitarias, sumada a una disminución de más de un 20% en las políticas de becas del Ministerio, son medidas "especialmente dañinas desde el punto de vista social", ha criticado Antonio Ávila, quien ha asegurado que "afectan de manera muy directa a la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación universitaria, con todo lo que ello conlleva a medio y largo plazo para la sociedad andaluza".
Para el Gobierno andaluz, la "prioridad" sigue siendo el mantenimiento, como principio, de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación: "Ahora más que nunca, en el actual escenario económico, es forzoso adoptar medidas que garanticen y preserven la igualdad de oportunidades, de manera especial en ámbitos tan estratégicos como la educación universitaria, clave para el desarrollo económico".
"Desde la Junta de Andalucía hemos conseguido cumplir con la normativa estatal, desde el diálogo con las instituciones universitarias, desde la búsqueda de instrumentos y medidas consensuadas con las universidades y el resto de agentes implicados", ha explicado el consejero.
Antonio Ávila ha detallado además algunos de los cambios implantados por decreto por el Ministerio que son objeto del recurso de inconstitucionalidad autorizado por el Consejo de Gobierno de Andalucía, como la imposibilidad de contratar a personal que se encuentra en formación (becarios de investigación, ayudantes o ayudantes doctores, entre otros), una situación que el consejero ha tildado de "extraordinaria gravedad" porque perjudica de manera especial al futuro del tejido investigador, impidiendo la reposición de investigadores y la incorporación de quienes se han estado formando en estos últimos 10 años.
El consejero ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado para 2012 constituyen la mayor reducción de recursos presupuestarios en cuanto a investigación desde que se pusieron en marcha en España los primeros Planes Nacionales de I+D+i, con la Ley de Ciencia de 1986. "Esta decisión de disminuir las partidas dedicadas a inversión en I+D+i significa dar la espalda a un instrumento que es un factor clave para el objeto de crecimiento y para conseguir surgir de este contexto de crisis", ha sostenido Ávila.
"En Andalucía, pese a la recesión -ha concluido el consejero- no podemos dejar de apostar por dos aspectos fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad como son la educación y la I+D+i. Seguiremos apostando por aumentar la eficiencia de los recursos públicos, pero sin que suponga detrimento alguno en las prestación de los servicios en el ámbito educativo".
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