Una de las medidas en materia de transparencia que puso en marcha el tripartito a su llegada al Ayuntamiento de Marbella, en junio de 2015, fue que todos los concejales de la Corporación tendrían que hacer públicas sus declaraciones de la renta.
Debían queda a disposición de los ciudadanos en la web municipal, junto con una declaración de bienes.
Ya en los dos años anteriores, 2015 y 2016, a los concejales del PP les costó bastante entregar la infomación. El que ha estado más rápido siempre, justo es decirlo, es Baldomero León.
Este año volvemos a analizar el grado de cumplimiento de este acuerdo, casi cinco meses después de que, el 30 de junio, acabara el plazo para hacer la declaración de la renta.
El balance que se puede comprobar en el momento de escribir esta información (
enlace) es que, de los 27 concejales de la Corporación, 10 aún no han hecho público su documento del IRPF del año pasado.
Los que no cumplen
En el PP hay seis concejales que no tienen publicada su última declaración: Carlos Alcalá, Javier García, Félix Romero, Isabel Cintado, José Eduardo Díaz y Francisca Caracuel.
Tampoco lo han hecho los dos de OSP, Manuel Osorio y Rafael Piña, ni los dos de Izquierda Unida, Miguel Díaz y Victoria Morales.
Sí está disponible, por el contrario, el IRPF de siete concejales del PP, entre ellos la alcaldesa, Ángeles Muñoz, los ocho del PSOE y los dos de Costa del Sol Sí Puede.
El caso en el existe menos transparencia es el de Isabel Cintado, que no solo no tiene publicada la última declaración, sino tampoco el registro de bienes e intereses, que sí han hecho públicos los otros 26 ediles.
Cintado fue nombrada concejala en febrero de 2017 y para conocer su situación en el momento de entrar en la Corporación debería aportar la renta de 2016, no solo la de 2015, que es la que se puede consultar en la página.
Carlos Alcalá
Entre la información a la que tienen acceso todos los ciudadanos, es llamativo el caso de Carlos Alcalá y el cambio evidente que ha dado su economía desde que forma parte del equipo de gobierno bipartito.
Es concejal desde junio de 2015 y en su declaración de la renta de 2014 refleja unos ingresos mínimos, muy por debajo de un mileurista, pese a su profesión de abogado y a que su despacho, por ejemplo, está asociado a uno en Miami.
En ese año declara unos ingresos brutos anuales de 7.802 euros, que es la base imponible que figura en el documento de la Agencia Tributaria. Como cantidad neta, refleja 6.290,28 euros.
Pero todo ha cambiado desde el pasado mes de agosto, tras la moción de censura. Según consta en la web, tiene una dedicación parcial del 75% por la que percibe 46.896,75 euros brutos al año, casi siete veces más que lo que declaraba fuera de la política en 2014.
Llama la atención que renuncia a la dedicación total, que le supondrían casi 16.000 euros más, para poder mantener su profesión como abogado, en la que sus ingresos declarados fueron la mitad hace tres años.
Ángeles Muñoz
La actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, también senadora, declaró en 2014 unos ingresos brutos de 73.000 euros (54.900 netos).
En cambio, en 2016, declaración que sí aporta, sus ingresos brutos al año subieron hasta 112.793 euros, mientras que el rendimiento neto de su trabajo fue de 87.892 euros.
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