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Comerciantes de Puerto Banús acusan de extorsión a la concesionaria

J. C. A. | 08/11/2019
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Comerciantes de Puerto Banús acusan de extorsión a la concesionaria
  • Los comerciantes de Puerto Banús se alzan contra la concesionaria.
La asociación de empresarios y comerciantes de Puerto Banús Acobanús ha estallado este viernes, a través de un comunicado, contra la expresa concesionaria del puerto marbellí a la que acusan de "condiciones abusivas" y de "extorsiones". Es la conclusión de una asamblea que mantuvieron el pasado 5 de noviembre y de la que han informado ahora.  

Los comerciantes y propietarios de los locales ha señalado que están dispuestos a "presionar" para que se tomen medidas inmediatas, ya que de no ser así, se procederá a tomar "las acciones que por ley corresponda tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal". 

En concreto, aclaran que irán dirigidas tanto contra la concesionaria, contra contra los responsables de la APPA (Asociación de Puertos de Andalucía de la Junta) y contra el Ayuntamiento.

Los comerciantes y propietarios de negocios solicitan al Ayuntamiento de Marbella que "recupere todas las zonas que por planeamiento urbanístico deberían ser municipales".

En el comunicado destaan que el planeamiento actual para Puerto Banús señala que “todos los viales públicos serán de dominio público”.

En el mismo sentido aseguran que se pronunció el Pleno del Ayuntamiento de Marbella, adoptado en sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 1995, donde calificó las superficies correspondientes a zona peatonal como de “dominio y uso público”.

Este pleno, según Acobanús, fue recurrido por la concesionaria ante el TSJA de Andalucía y, una vez desestimado su recurso, acudieron al propio Tribunal Supremo, "fracasando" la concesionaria en todas las instancias su intento de “tumbar” el Pleno del Ayuntamiento que "tan dañino le resultaba".

En ese pleno incluso, en su punto 36.11, declara que los viales de Puerto Banús son de uso y dominio público, y, además, acuerda eliminar las barreras que en ese momento impedían el acceso a los viales, poniendo dichas vías públicas a disposición de la policía municipal.

Los comerciantes recuerdan que Puerto Banús es una de las mayores infraestructuras costeras de todo el Mediterráneo, con más de 34.000m², unos 200 locales comerciales y más de 1000 viviendas.

Dispone además de 915 amarres para alojar veleros y súper yates – único puerto de Andalucía en el que se pueden atracar embarcaciones de más de 50 metros de eslora.


La reunión de los comerciantes de Puerto Banús que tuvo lugar hace unos días. 

Según los propietarios, la concesionaria "no tiene prácticamente ningún local, vivienda o amarre en propiedad y solamente ha mantenido la gestión comunitaria y portuaria, conservando las calles de rodadura y de paso, y espacios peatonales, todos ellos públicos".

Denuncian que la concesionaria de Puerto Banús "se ha apropiado a lo largo de los años del derecho de gestión de las calles y terrazas que según el planteamiento deben ser propiedad del Ayuntamiento, obligando a pagar a los propietarios de los locales unas cuotas en régimen de mantenimiento del puerto y alquiler de estas zonas".

Las mismas se han visto incrementadas 100% durante los últimos dos años, según Acobanús.

De la misma forma la concesionaria, "en su afán recaudatorio, tiene la intención de instalar quioscos y heladerías en las zonas peatonales frente a los lujosos locales comerciales", dice el comunicado.

Además, los asistentes a la reunión denuncian que se han colocado puertas metálicas que prohíben el paso a la segunda línea del puerto, provocando grandes pérdidas y accesos restringidos a las personas minusválidas.

Sostienen que esto podría suponer un peligro en caso de incidentes puesto que dificulta la evacuación del mismo.

Del mismo modo restringen el paso peatonal, por lo que la visibilidad de los locales comerciales es menor, con el consiguiente perjuicio económico. "Ello incide en la ilegalidad que supone cortar cualquier zona pública de paso al público", explican.

Por consiguiente, "el cambio de criterio de la concesionaria de las políticas mantenidas en los últimos 30 años, suponen una practica abusiva que perjudica gravemente una de las zonas más turísticas y exclusivas de Europa, con 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de ella".

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