Un año más, la vuelta al cole en Andalucía se presenta con una persistente sensación de incertidumbre en las salas de profesores y en los hogares. Mientras la Consejería de Educación despliega su habitual batería de cifras triunfalistas, la realidad de las aulas amenaza con otorgar un claro suspenso a la gestión del gobierno andaluz. La fanfarria de los números oculta las verdaderas carencias de un sistema público que afronta el nuevo curso con viejos y profundos desafíos.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno presume de inversión, principalmente en infraestructuras, como si la calidad educativa se midiera en metros cúbicos de hormigón. Nadie niega la necesidad de mejorar y modernizar los centros, pero esta apuesta por el ladrillo se convierte en una cortina de humo cuando no se aborda la principal asignatura pendiente: la reducción de la ratio de alumnos por aula. Este año, con un descenso demográfico que ha restado más de 8.000 estudiantes en Infantil y Primaria, se presentaba una oportunidad de oro para avanzar hacia una enseñanza más personalizada y de mayor calidad. Una oportunidad, de momento, perdida.
En lugar de aprovechar esta coyuntura para desdoblar clases y reforzar plantillas, la política de la Junta parece seguir otro camino. Los sindicatos y las asociaciones de familias (AMPA) denuncian con razón la opacidad en las cifras de contratación de docentes y, sobre todo, la alarmante falta de recursos para la atención a la diversidad. En una sociedad que aspira a ser inclusiva, dejar atrás al alumnado con necesidades especiales no es solo un fracaso pedagógico, sino una profunda injusticia social. La educación pública debe ser el garante de la igualdad de oportunidades, y eso exige una inversión decidida en personal de apoyo, orientadores y pedagogos.
A este panorama se suman recortes que, aunque se intenten disimular, merman la calidad de la enseñanza. La supresión de figuras tan valiosas como los auxiliares de conversación empobrece el aprendizaje de idiomas y nos aleja de los estándares europeos a los que tanto nos gusta apelar en los discursos. Es la crónica de un desmantelamiento sutil pero constante, donde cada pequeño paso atrás contribuye a ensanchar la brecha entre la educación pública y la privada-concertada.
El nuevo curso arranca, por tanto, con un suspenso en las políticas que de verdad importan. La propaganda no puede tapar las aulas masificadas, la falta de personal para atender a los más vulnerables ni los recortes que precarizan el día a día de nuestros centros. La comunidad educativa andaluza no necesita más fotos de inauguraciones, sino un compromiso real con la escuela pública. Un compromiso que ponga en el centro a los alumnos y a los docentes, y no a las estadísticas vacías. De lo contrario, seguiremos empezando cada septiembre con la misma y frustrante sensación de que, una vez más, hemos perdido una oportunidad.
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