La historia se repite en Marbella. La Fiscalía aprecia delitos que ponen en entredicho la gestión del PP en el Ayuntamiento de Marbella, pero el juez instructor de turno cierra los casos con autos muy discutibles y en los que más bien parece el abogado defensor.
Ya ocurrió, con el
caso PGOU, archivado hasta en dos ocasiones por el
juez Gonzalo Dívar pese a la opinión contraria del fiscal y que aún se encuentra pendiente de recurso en la Audiencia Provincial de Málaga.
Ahora vuelve a pasar con el
caso del enchufismo en la Delegación de Limpieza. El
magistrado Sergio Ruiz Martín ha acordado el
sobreseimiento provisional de la causa.
En
auto con fecha de 2 de julio de 2020, al que ha tenido acceso
Marbella24horas, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, considera que
no existe ningún delito en los hechos investigados.
Este parecer contrasta con la opinión de la
Fiscalía, que en su día pidió la apertura de diligencias al apreciar indicios de
prevaricación y fraude en la contratación.
Pero el juez Ruiz Martín sostiene que "no se aprecia indicio alguno de irregularidad penalmente relevante" en la
contratación de 74 operarios, 46 conductores y 6 capataces en la
Delegación de Limpieza en 2018.
Exculpa, por tanto, a los miembros del tribunal que realizó el proceso de selección, que estaban imputados, ya que considera que "no se aprecia ningún indicio de que ejecutaran acción u omisión alguna penalmente relevante para beneficiar a familiares de algunos de ellos en dicho proceso selectivo".
Como hizo constar en la denuncia el
Sindicato Empleados Públicos de Málaga (Sepma) y la
Asociación de Desempleados por un Empleo Digno de Marbella, entre los
contratados había familiares de los miembros del tribunal.
Sin embargo, el juez considera que no salieron beneficiados del proceso y que no es aceptable "atender a meras elucubraciones o conjeturas sin base probatoria alguna".
El magistrado avala, por tanto, la contratación de familiares, entre ellos
el tío del concejal de Limpieza, Diego López, o también de miembros de sindicatos.
"Debe hacerse notar que cualquier persona mayor de edad que cumpliera los requisitos técnicos de la convocatoria, incluidos familiares de cargos o empleados del Ayuntamiento de Marbella, tenían perfecto derecho a participar y optar a dichas plazas", explica en el auto.
"Lógicamente siempre y cuando durante el proceso de selección no existiera
ningún tipo de privilegio, beneficio, ayuda o cualquier otra circunstancia que los situara en mejores condiciones que el resto de aspirantes", añade en su razonamiento.
Es muy llamativo que el juez no aprecie ninguna irregularidad cuando, en el auto, explica que hubo entre
1.800 y 2.000 aspirantes, pero después fueron elegidos familiares de miembros del tribunal, de capataces y encargados del área de Limpieza, así como de cargos políticos y sindicales.
Considera que, de la investigación realizada, no se aprecia indicio alguno de que "se hubiera favorecido a ningún familiar directo" de los miembros del tribunal o "de algún cargo del Ayuntamiento en perjuicio de los demás aspirantes".
E insiste en que además "tampoco puede considerarse relevante el
número de aspirantes familiares directos de algún miembro del Tribunal o de algún cargo del Ayuntamiento que finalmente obtuvieron plaza (...) en relación al número total de plazas ofertadas".
Sobre que no se atendiera a la
prevalencia de las bolsas de trabajo existentes en el Ayuntamiento, el juez considera que tampoco existe relevancia penal en este hecho y que está plenamente justificado el proceso que se realizó en base a distintos informes técnicos.
El magistrado
rechaza el resto de diligencias que habían solicitado las
acusaciones populares, que ya se plantean el recurso, y da carpetazo al caso.
En definitiva, donde el fiscal apreció los delitos de prevaricación y de fraude en la contratación, el juez instructor no ve nada.
La causa
El juez Sergio Ruiz Martín decidió en agosto de 2019 abrir diligencias previas a petición de la Fiscalía, que conoció los hechos a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Sepma y la Asociación de Desempleados por un Empleo Digno de Marbella en abril de ese año.
Consideraba que existen indicios de dos delitos: prevaricación y fraude en la contratación.
Los denunciantes detectaron toda una serie de irregularidades presuntamente cometidas durante la contratación de trabajadores en 2018 en la Delegación de Limpieza.
En concreto, a la contratación temporal de 74 operarios, 46 conductores y 6 capataces.
La denuncia exponía casos de presunto enchufismo, así como que las valoraciones de los aspirantes se hicieron sin respetar los méritos.
Consideraban en su denuncia que entre los contratados existían parientes de Diego López, algo que él mismo reconoció ante el juez el
pasado 16 de junio, así como de miembros del tribunal y de capataces y encargados del área de Limpieza.
Fueron imputados los cuatro miembros del tribunal que realizó la selección: Maria Dolores Cholvis Lomeña, los vocales Juan Guzmán y Carlos Almécija y el secretario, Javier Granados Marín.
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