Tal y como se esperaba, y después de bloquear este reglamento durante más de dos años con distintos recursos, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quiere ahora aprobarlo de forma rapida, sin los cambios que le reclamaba al tripartito, y proceder a repartir con OSP los nombramientos que antes no permitió.
Para ello, lleva este jueves al pleno extraordinario que se ha convocado una modificación en la que precisamente se quiere facilitar que los directores generales no tengan que ser obligatoriamente funcionarios como pedían cuando estaban en la oposición.
Durante este tiempo se han presentado distintos recursos y pidiendo medidas cautelares, el primero de ellos por parte de la Abogacía del Estado, precisamente para que estos nombramientos se hicieran siempre eligiendo a funcionarios de carrera. Así lo reclamó constantemente el PP.
Ahora, en cambio, llevan a pleno justo lo contrario, lo mismo que pretendía el equipo de gobierno anterior y que bloquearon. Pretenden nombrar a 13 directores generales (el tripartito preveía solo 9) que podrán ser personal laboral. Cinco de ellos serán para San Pedro Alcántara.
Se quieren crear, según consta en la modificación que se quiere hacer en el reglamento, las direcciones generales de Alcaldía, Cultura y Patrimonio Marbella, Juventud, Turismo, Medios de Comunicación, Urbanismo, Recursos Humanos y adjunto a la Asesoría Jurídica.
Además, para OSP se ponen en marcha cinco direcciones generales: Educación, Cultura, Patrimonio y Juventud; Derechos Sociales y Participación Ciudadana; Mantenimiento y Limpieza; Promoción Comercial, Turística y de Eventos; y la de Hacienda y Administración Pública..
Son plazas que teóricamente deben salir a concurso público, con concurrencia y méritos, aunque a la mayor parte de ellas se les puede ya poner nombre sin miedo a la equivocación.
Hay que aclarar que los directores generales son de gran apoyo para los concejales ya que tienen capacidad de firma, algo que no ocurre con los cargos de confianza como asesores responsables o coordinadores que tuvo el anterior gobierno.
Historia
Hay que recordar que el gobierno tripartito, del que formaba parte OSP, planteó ya en agosto de 2015 la puesta en marcha de un reglamento de régimen jurídico para coordinadores y directores generales.
Se pretendía, precisamente, poner orden en este tipo de nombramientos, después de los problemas que habían existido en la etapa anterior del PP, como en el caso de Baldomero León, que incluso OSP llevó a los tribunales con una
querella por prevaricación contra Ángeles Muñoz.
Al PP nunca le gustó el reglamento, trató en todo momento de pararlo y lo consiguió a través de la Abogacía del Estado, que logró la suspensión cautelar de la normativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en
junio del año pasado.
En
enero de 2017, el tripartito llevó al pleno una modificación de algunos artículos del reglamento para intentar ponerlo definitivamente en marcha.
El PP votó en contra y su portavoz, Félix Romero, dijo que esta normativa suponía que el tripartito quería "colocar a todo lo que se mueve en PSOE, OSP, IU y ahora también en Podemos, y que no se note".
El
8 de mayo de 2017, se produjo en el pleno la aprobación definitiva, en lo que parecía el final del proceso, pero no fue así.
El PP planteó un nuevo recurso contencioso administrativo, según informó el entonces portavoz municipal, Javier Porcuna, el
6 de junio de 2017, que volvió a bloquear el asunto. Está aún pendiente de resolución en los tribunales.
Costa del Sol Sí Puede (CSSP), la marca de Podemos en el Ayuntamiento, apoyó el reglamento introduciendo una enmienda para que cuando un director general no fuera funcionario computara dentro de los 27 cargos de confianza.
Ahora, en septiembre de 2017, tras la moción de censura, el nuevo gobierno PP-OSP quiere dar el visto bueno al reglamento y llevará al pleno de este jueves una modificación precisamente con lo mismo que antes no querían permitir.
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