El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) en el Ayuntamiento de Marbella va a solicitar mediante una moción que el Pleno de la Corporación Municipal exija a las entidades bancarias propietarias de viviendas sociales en el municipio que las pongan a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas, para que pueda adjudicarse su uso en favor de personas que necesitan una.
IU tiene constancia de la existencia en Marbella de viviendas protegidas propiedad de la banca que se hallan vacías y ocultas al registro municipal de viviendas, una situación que vulnera la ley para la Función Social de la Vivienda, una normativa promulgada por el Gobierno andaluz e impulsda por IU y que tiene por objetivo combatir los desahucios y garantizar el acceso de todas las personas a una vivienda digna.
El concejal de IU, Miguel Díaz, informa de que, según el expediente sancionador abierto por la Consejería de Vivienda, en Marbella se detectan cuatro inmuebles, tres propiedades del Banco Popular y uno cuya titularidad corresponde al Banco Santander.
"Probablemente serán más, ya que continúan las labores de inspección de la Consejería. La multa fijada es de 60.000 euros por vivienda protegida no inscrita en los registros municipales”, señala el edil.
El concejal portavoz de IU, Enrique Monterroso, anuncia que IU va a reclamar “la inmediata puesta a disposición, mediante la inscripción de estas cuatro viviendas, y todas las que existan en esta misma situación, en el registro municipal de Vivienda".
La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado un expediente sancionador que recoge más de 110 millones en multas contra la SAREB –el conocido como banco malo- y diversas entidades financieras por incumplir la disposición de la ley para la Función Social de la Vivienda que obliga a la banca a poner a disposición de los registros municipales de vivienda todos los inmuebles de protección social de los que sean propietarios.
Esta medida es una de las disposiciones de la ley para la Función Social de la Vivienda que ha escapado del recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el PP y que ha paralizado la aplicación de la norma, que en sus escasos tres meses de vigencia había iniciado, entre otras medidas, 39 expedientes de expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de la banca para que fuesen ocupadas por personas incursas en procedimientos de desahucios pagando un alquiler social acorde a sus posibilidades.
En Marbella se inició un expediente en este sentido, del que estaba beneficiándose una familia de Miraflores víctima de un expediente de desahucio, hasta que el recurso del PP ha paralizado esta solución y frustrado éste y otros posibles expedientes de expropiación para parar desahucios.
Asimismo, desde que la Consejería ha puesto en marcha un plan para la protección social en materia de vivienda se han logrado frenar más de 4.300 desahucios en 15 meses en Andalucía, según los datos facilitados desde IU.