La noticia se ha conocido este jueves por la noche en el programa "Marbella Confidencial", que dirige José Carlos Villanueva en Ondaluz Televisión, donde ha estado como invitada Carola Herrero, miembro del movimiento antideslinde, que puso el tema en manos de la justicia.
La arquitecta ha explicado que fue llamada a declarar como testigo por la jueza y prestó testimonio el pasado 6 de abril, por lo que es evidente que se están practicando diligencias previas.
Hay que recordar que el citado colectivo que se oponía al cambio de lindes entre Marbella y Benahavís llevó en mayo de 2015 este asunto directamente a los juzgados, para que se asignara al que correspondiera en turno.
Aquella denuncia fue reiterada en enero de 2016 ante la Fiscalía, en este caso firmada, además de por la abogada Cristina Falkenberg, por Carola Herrero.
De ahí, salió la denuncia del Ministerio Público que acabó en el Juzgado de Instrucción número 1, de la que no se conocían movimientos hasta que hace poco fue citada declarar Carola Herrero.
Esta polémica tiene su origen en el pleno de
noviembre de 2014, cuando se aprobó el expediente de alteración de lindes entre Marbella y Benahavís.
El grupo municipal popular tenía 15 concejales, aunque ese día no estaba presente José Luis Hernández, por lo que eran solo 14, exactamente la mayoría absoluta necesaria.
Abstención anterior
De esta forma, la votación se complicaba ya que, la entonces alcaldesa, Ángeles Muñoz, debía abstenerse al tener intereses personales en la zona, como había hecho en otro pleno con el mismo asunto sobre la mesa en 2008.
Pero en esta ocasión votó a favor e hizo posible la mayoría necesaria para que la alteración de lindes fuera aprobada. De lo contrario, solo habrían tenido 13 votos, que eran insuficientes y el deslinde no habría seguido adelante.
Ya entonces los partidos de la oposicion denunciaron este hecho, que esta vez sí permitió el secretario, Antonio Rueda, y además posteriormente lo justificó y avaló mediante la
elaboración de un informe el 3 de febrero de 2015.
El movimiento antideslinde consideró estos hechos como graves y puso el tema directamente en manos de la justicia en mayo de 2015 al entender que podría haberse cometido un presunto delito de prevaricación.
Nada más se supo desde entonces y parecía que el tema había quedado olvidado hasta que este jueves ha vuelto a tomar actualidad al conocerse se está investigando. Por el momento, no consta que exista ningún imputado.
Además de acudir a los juzgados, el movimiento antideslinde también presentó una denuncia en materia disciplinaria contra el habilitado nacional, que no prosperó.
Hay que recordar también que el
30 de enero de 2015, PSOE, IU y OSP pusieron reparos al acta del pleno de noviembre de 2014 al considerar que estaba manipulada y no recogía con fidelidad lo que se había dicho en la sesión.
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