Mala semana para la presidenta local del PP, senadora y exalcaldesa Ángeles Muñoz, a la que se le acumulan los problemas judiciales, mientras su presencia pública en el municipio es mínima.
Si este lunes publicábamos que el juez había admitido a trámite una querella del PSOE por la alteración del PGOU de 2010, este martes se ha conocido un nuevo revés para la actual líder de la oposición.
Se trata del escándalo de los cargos de confianza del PP durante el anterior mandato que, tras el cambio de gobierno, no aceptaron su salida y decidieron recurrir a los tribunales, que les han ido dado la razón por múltiples irregularidades cometidas durante su contratación.
Llegaron como alta dirección y su incorporación se realizó sin cumplir los requisitos de idoneidad, mérito y capacidad, ni los de publicidad y concurrencia, según el completo informe que ha elaborado el responsable del área de Personal, Daniel Pérez Moreno.
Otras circunstancias, como que se les hicieran sucesivas prórrogas y trabajaran en sitios distintos a los que estaban contratados, han sido determinantes a su favor en los juzgados de lo Social.
En el centro de la diana aparece la entonces alcaldesa, Ángeles Muñoz, que firmó todos estos contratos, ahora demostrados en fraude de ley e, incluso, en algunas casos entregó cartas de recomendación que han permitido ganar los juicios a algunas de estas personas. Ella misma habría reconocido así la cesión ilegal de trabajadores.
Esta mañana, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una propuesta para poner toda la documentación en manos de los abogados y exigir las responsabilidades que corresponda, tanto civiles, administrativas o penales, por "el daño causado al Ayuntamiento".
Ahora, serán los abogados del Ayuntamiento los que marquen el camino que se va a seguir directamente en los tribunales. Indiciariamente se podrían haber cometido delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.
Escándalo
Este asunto saltó a la luz pública el 14 de julio de 2015, cuando el tripartito informó de las demandas que estaba presentando el personal eventual con contratos de alta dirección durante la época del PP, y que tenían como objetivo "aferrarse a sus puestos" tras el cambio de gobierno.
Estaban contratados bien en las sociedades municipales o bien en los Oales y el tripartito invocó la "norma táctica" en política de que debían abandonar sus puestos al cesar el equipo de gobierno que los nombró.
No fue así, recurrieron a la justicia y han ido ganando las sentencias apoyándose en distintas irregularidades que habrían sido cometidas por el gobierno del PP.
El convenio del Ayuntamiento da la opción de aceptar una indemnización o pedir la readmisión, opción esta última por la que han apostado la mayoría.
Según se ha explicado esta mañana, son ocho los que han conseguido en los tribunales quedarse en el Consistorio como personal laboral indefinido. No todos se han incorporado aún y también algunos están sin sentencia firme.
Aunque los nombres no se han facilitado en la rueda de prensa, según ha podido conocer
Marbella24horas se trata de las siguientes ocho pesonas:
Manuel Fernández Megías (Control de Limpieza, Abstecimiento y Suministros 2000), Antonio Mata Rodríguez (Puerto Deportivo y Transportes Locales 2000), Francisco Ramos Sánchez (Servicios Operativos), Carlos Puertas Cuéllar (Arte y Cultura), Alicia Aguilar (RTV Marbella), Cristina González Solís (RTV Marbella y Palacio de Congresos), Bernardo Alcalde Garabito (Palacio de Congresos, Difusión y Comunicación 2000 y RTV Marbella) y Juan María Carrasco de las Heras (Formación y Empleo).
Por otro lado, han aceptado la indemnización la que fuera directora del Palacio de Congresos, Laura de Arce (12.000 euros) y el exdirector del Puerto Deportivo de Marbella, Miguel Ángel Lavela (11.000 euros).
Además, está el caso de dos exdirectores generales con los que se ha llegado a acuerdos y que también recibirán cantidades económicas.
Daño patrimonial
En total, en un primer cálculo, el equipo de gobierno tripartito considera que todo este asunto supondrá un coste de unos 400.000 euros para las arcas municipales, en indemnizaciones y salarios de tramitación.
Además, los que se quedan en el Ayuntamiento lo hacen con sus sueldos originales, que están en torno a los 3.000 euros brutos mensuales o por encima de esa cantidad.
Según el portavoz municipal, Javier Porcuna, este equipo de gobierno "no puede dejar pasar esta situación sin investigar y sin denunciar, porque son personas que han entrado en el Ayuntamiento por la puerta de atrás y hay una responsable máxima que es Ángeles Muñoz como alcaldesa y como consejera delegada o presidenta de los consejos de administración de las distintas empresas municipales u organismos autónomos locales (Oales)”.
Se da la circunstancia de que tripartito intentó impulsar un reglamento para regular el nombramiento de cargos de confianza y que, entre otras cosas, cesen cuando se vaya el gobierno que les nombró, pero el PP lo tiene paralizado con una reclamación en los tribunales.
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