En cuanto a las penas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo eleva de 11 a 17 años la prisión para el considerado cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca.
En cambio, rebaja en seis meses las penas impuestas la exacaldesa Marisol Yagüe y la exteniente de alcalde Isabel García Marcos.
El Alto Tribunal ha confirmado la mayor parte de las condenas que dictó la Audiencia de Málaga, aunque atiende algunas peticiones de incrementos de penas solicitadas por la Fiscalía. A cuatro de los 52 condenados inicialmente los absuelve.
Una de las penas que se aumentan es la del exasesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, a quien se le imponen seis años más de cárcel al apreciarse un nuevo delito fiscal y agravarse las condenas por cohecho y blanqueo.
Otras once personas, exconcejales del Ayuntamiento, también reciben más condena: Tomás Reñones, Vicente Manciles, Pedro Pérez, María del Carmen Revilla, José Luis Fernández Garrosa, María José Lanzat, Rafael González Carrasco, Rafael Calleja, José Antonio Jaén, Belén Carmona y Emilio Jorrín.
Beneficiada sale Marisol Yagüe, que pasa de 6 años a 5 años y seis meses de cárcel, y la que fuera primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, a quien se le rebaja de 4 años a 3 años y seis meses.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Saavedra, tiene 3.138 folios y cuenta con un voto particular del magistrado Andrés Martínez Arrieta.
Retorno de lo robado
Al margen de las penas, el Tribunal Supremo ha dado un fuerte varapalo a las aspiraciones de Marbella al eliminar la mención que hizo la
Audiencia Provincial de Málaga para que los bienes decomisados y el importe de las multas revirtieran en el municipio.
Estas cantidades se adjudican ahora al Estado y su retorno a Marbella dependerá únicamente de una decisión política. El TS asume el criterio de la Fiscalía, que había propuesto la eliminación de esa mención.
Si ya la primera sentencia fue una decepción para los habitantes del municipio al rebajarse mucho las penas que se pedían, esta segunda supone un nuevo mazazo.
"Queda sin efecto toda referencia a destinar los bienes decomisados e importes de las multas satisfechas a abonar las deudas generadas para con el Ayuntamiento de Marbella", señala textualmente el Supremo.
"Por lo tanto también en este caso debe seguirse el dictado de la norma y la Audiencia directamente no puede afectar su destino a abonar deudas con las entidades públicas reseñadas, debiendo prevalecer el principio de legalidad sobre otros criterios que están al margen de la decisión del Tribunal", añade.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Marbella decidió no recurrir ante el Tribunal Supremo. Precisamente, el Equipo de Gobierno del PP se mostró conforme con la mención que hacía la sentencia para el retorno de lo expoliado, que ahora se ha anulado.
La Junta de Andalucía sí planteó recurso y pidió que se elevaran las penas para 21 de los condenados por la Audiencia de Málaga.
Absoluciones
Los mayores beneficiados de la sentencia son los cuatro condenados inicialmente que ahora quedan absueltos: los empresarios Joaquín Martínez Vilanova, Julio de Marco y José María Pérez Lozano, por el delito de cohecho activo, y el abogado Francisco Soriano por el de falsedad documental que se le atribuía.
Los tres primeros, ejecutivos de la empresa Autobuses Portillo, habían sido condenados a seis meses de prisión por la Audiencia, acusados de aceptar el pago de 390.000 euros al fallecido concejal de Transportes, Victoriano Rodríguez, a cambio de obtener la concesión de la estación de autobuses de Marbella.
Soriano, acusado y abogado defensor en el caso Malaya, fue condenado a un año por falsedad documental y absuelto de la acusación formulada por la Fiscalía que pedía en su contra otros seis años por blanqueo de capitales.
Gestionaba junto a sus hijos sociedades de Juan Antonio Roca en el despacho Sánchez-Zubizarreta Soriano, que, según la investigación, creó la estructura para blanquear el ingente patrimonio del exasesor de Urbanismo.
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