La gestión realizada por el Equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz en el Puerto Deportivo, una de las empresas municipales, se torna cada vez más escandalosa a tenos de los datos que se van conociendo.
Ya a finales de julio, los actuales gobernantes sacaron a la luz la
contabilidad en B que se llevaba de los puestos del mercadillo artesanal que se colocaba allí durante los fines de semana.
Pues bien, ahora vuelven a aflorar distintas irregularidades, mientras se espera que concluya la auditoría que se está realizando, la primera encargada por el Ayuntamiento, tanto contable como de gestión y de contratación.
Esta mañana, el alcalde ha informado de la deuda encontrada por impago durante tres años del canon a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), así como de la importante disminución de ingresos por atraque que se ha producido en los últimos años al subarrendarse los amarres privados.
Además, se ha tomado la decisión de no prorrogar la concesión a la empresa privada que gestiona, por concesión durante la etapa del PP, el varadero, la gasolinera y la marina seca, que estaba pagando "un precio muy por debajo del mercado", según el alcalde.
En definitiva, toda una serie de circunstancias que pone en duda la gestión que realizó el anterior Equipo de Gobierno en esta empresa municipal.
Canon
Bernal ha señalado que se han encontrado una deuda de 425.623 euros por el impago del canon a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía durante tres ejercicios (2012, 2013 y 2014) por parte del PP.
El anterior gobierno local no estaba de acuerdo con el canon, por lo que no lo pagaba mientras se resolvían en los tribunales los recursos planteados.
El actual alcalde también considera que "hay que pagar menos y buscaremos por la vía judicial unas mejores condiciones", aunque ha dicho que mientras tanto deben abonar lo que debe y para ello intentarán alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria.
Además, ha explicado que con el voto del tripartito y Costa del Sol Sí Puede se ha decidido no prorrogar la explotación privada del varadero, gasolinera y marina seca.
Asimismo, se ha detectado un importante descenso en la recaudación por atraque, que fue de 277.000 euros en 2010 y en cambio bajó a 186.000 en 2014. Por ello, se vigilarán los subarrendamientos de los privados o, al menos, que se hagan al mismo precio que los públicos.
Explicaciones del PP
Desde el Partido Popular no han negado haber dejado la deuda, pero sí la han justificado mirando, como es habitual, hacia Sevilla.
Su concejal Carlos Alcalá ha señalado en nota de prensa que "llueve sobre mojado" porque ya en 2011 los tribunales anularon a la Junta de Andalucía otro decreto anterior por un "canon igual de abusivo".
“Va a ocurrir lo mismo con el actual, que está ahora pendiente de resolución y que arrastra los mismos defectos que el anterior", ha avanzado.
“Hicimos lo que debíamos hacer ante una atropello desmedido de la Junta”, ha destacado Alcalá, que ha asegurado no entender cómo los actuales responsables municipales "renuncian sin más a defender los intereses y el patrimonio de la ciudad que representan".
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