Concluye una nueva semana informativa en Marbella en la que ha destacado, entre otras, la noticia que anunciaba el PP sobre el archivo, ahora sí definitivo, del llamado "caso La Juanita" contra el exedil Antonio Espada. Ha sido interesante por dos motivos. En primer lugar, por el propio escándalo en sí, en el que la justicia no ve nada punible, y también porque ha vuelto a traer al debate la judicialización de la vida política.
Hay que recordar que este asunto surge de una denuncia del PSOE tras la que arrancó la investigación del Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella.
Los socialistas plantearon a los tribunales que el citado concejal del PP habría facturado desde su empresa (La Juanita) al ayuntamiento del que era concejal y además sin la necesaria concurrencia.
A raíz de estos supuestos hechos, Antonio Espada resultó imputado por un presunto delito de
malversación de caudales públicos, lo que supuso quedar fuera de la lista del PP para las elecciones de mayo de 2015.
El pasado mes de febrero, el PP anunciaba que se había archivado la causa por parte de la jueza Beatriz Fernández, titular del juzgado que investigó. Pero el PSOE decidió recurrir a la Audiencia Provincial, pidiendo más pruebas, aunque finalmente también ahí quedó cerrado el asunto.
Antonio Espada queda exculpado, así lo declara la justicia, aunque otra cosa es lo que pueda opinar cualquier ciudadano a nivel ético. De todas formas, el caso concluye aquí y nada más cabe decir sobre esas contrataciones de material de construcción.
Pero hay otro punto de interés y es que este tema ha devuelto al debate la judicialización de la vida política. El concejal de PP Félix Romero se daba golpes en el pecho el pasado viernes criticando al PSOE por lo que define constantemente como sus "denuncias falsas". Exigía, incluso, que se les pidiera perdón.
Quizá sea un buen momento para recordarle al señor Romero, político de verborrrea fácil y escasa memoria, mal endémico este último en todo el partido, aquella denuncia que plantearon distintos alcaldes del PP en la Costa del Sol contra el entonces consejero delegado de Acosol, José Bernal, meses antes de las elecciones municipales de 2011.
Quizá sea bueno refrescarle que la anunciaron el
19 de noviembre de 2010, con gran parafernalia, ya que comparecieron los alcaldes o alcaldesas de Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena y Benahavís cual pelotón de fusilamiento político.
Allí se habló de la "utilización de fondos públicos para fines políticos del PSOE" y, con palabras aún más gruesas todavía, de prevaricación y de "financiación ilegal del PSOE". Solo les faltó culparle de la muerte de Manolete.
Finalmente, la querella se presentó el
11 de enero de 2011, cuatro meses antes de las elecciones en las que Bernal era el candidato a la alcaldía. Dijeron que el documento tenía más de 600 folios y los justificaron todo en defender el "interés de los vecinos".
Con aquel linchamiento público, prácticamente como un delincuente, tuvo que afrontar el líder socialista las elecciones, que volvió a ganar Ángeles Muñoz y tras las que se conoció que el juez ni tan siquiera había admitido a trámite la denuncia de los populares al no encontrar el más mínimo indicio de delito.
¿Se acuerda de aquello el señor Romero? ¿Pidieron perdón? ¿Fue aquella una denuncia falsa? ¿Qué buscaba unos meses antes de las elecciones?
¿Recuerda el concejal del PP que ahora ya han llevado a los tribunales distintos asuntos como la utilización de la policía montada en una boda en el que buscan la imputación del alcalde? ¿Quién puede realizar denuncias ante los tribunales? ¿Solo el PP porque las suyas son verdad?
Y es que, cuando los políticos tienen poca memoria, siempre es bueno refrescársela porque, como diría el compañero José Carlos Villanueva, las hemerotecas son tozudas.
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